La Contraloría General de la República (CGR) emitió un dictamen clave (262/2026) que faculta a las municipalidades para adquirir, de manera excepcional y transitoria, implementos de protección destinados a alcaldes, concejales y funcionarios que enfrenten amenazas concretas en el ejercicio de sus funciones.
El pronunciamiento jurídico establece que las administraciones locales tienen la atribución legal de resguardar la integridad física de sus integrantes, siempre que existan medidas de protección previamente ordenadas por los organismos competentes. Esta decisión se enmarca en la obligación de las jefaturas de garantizar condiciones de trabajo seguras que permitan un desempeño eficiente de la gestión pública.
Requisitos y condiciones de implementación
Para evitar un uso discrecional de los recursos, el ente fiscalizador fijó criterios estrictos que deben cumplirse antes de concretar la compra de equipos de seguridad:
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Temporalidad y Excepcionalidad: La medida solo rige mientras persista el riesgo acreditado.
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Sustento Técnico: Es obligatorio contar con un informe de evaluación de riesgos emitido por instituciones policiales o dispuesto por el Ministerio Público.
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Factibilidad Financiera: La adquisición queda supeditada a la disponibilidad presupuestaria de cada corporación edilicia.
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Obligación de Denuncia: Dado que las amenazas pueden constituir delitos penales, la Contraloría enfatizó la necesidad de que los hechos sean denunciados ante la justicia.
Contexto de alta peligrosidad
El dictamen se produce en un escenario de creciente hostilidad contra jefes comunales. Casos recientes han encendido las alarmas, como las amenazas de muerte denunciadas por los alcaldes de Peñalolén, Lo Espejo y San Bernardo, vinculadas en varios casos a operativos contra el narcotráfico. A estos se suma el grave episodio vivido por la alcaldesa de Quinta Normal, tras el hallazgo de un cadáver frente a su residencia.
Finalmente, el organismo de control señaló que este criterio se alinea con el fortalecimiento de la institucionalidad municipal contemplado en la Ley N° 21.802, la cual entrará en vigencia en agosto de 2026, consolidando el rol de los municipios en la arquitectura de seguridad pública nacional.
