El pasado 13 de junio venció la prórroga definitiva para que las 346 comunas del país presentaran sus Planes de Acción Comunal de Cambio Climático (PACCC), tal como lo exige la Ley Marco de Cambio Climático (Ley 21.455). Sin embargo, el balance es crítico: menos de un tercio de las municipalidades ha cumplido con la normativa, dejando a la mayor parte del territorio nacional sin una estrategia formal para enfrentar eventos extremos como inundaciones, incendios forestales, sequías y tornados.
El panorama se vuelve aún más complejo ante la detección de vacíos legales que impiden aplicar las sanciones correspondientes a las autoridades locales, lo que amenaza con estancar la institucionalidad climática de Chile.
Cifras en rojo y opacidad de datos
Ante la ausencia de una plataforma oficial del Gobierno que centralice y fiscalice el avance de la ley, un análisis realizado por los académicos Cecilia Ibarra y Jorge Mendoza reveló la magnitud del retraso a través de una revisión exhaustiva de los portales de transparencia municipales:
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20% de cumplimiento verificado: Solo 72 municipios cuentan con un plan vigente, aprobado y disponible para el acceso público en internet.
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12% en estado de incertidumbre: Otras 38 comunas aseguran haber diseñado sus documentos, pero no ha sido posible confirmar si estos ya cuentan con la aprobación final de sus respectivos Concejos Municipales.
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68% de incumplimiento: En total, cerca de 236 municipalidades del país operan al margen del plazo legal establecido por la normativa.
¿Qué es un PACCC?
Es un instrumento de planificación que evalúa la vulnerabilidad de cada comuna frente a la crisis climática. Su objetivo es definir medidas concretas de mitigación y adaptación, estableciendo plazos, financiamiento y responsables para proteger vidas humanas, infraestructura y ecosistemas locales.
Un vacío legal que frena las sanciones
A pesar de que la Ley 21.455 estipula que los alcaldes que incumplan los plazos serán sancionados con una multa equivalente a un mes de sueldo, en la práctica esta penalización es inaplicable.
La Contraloría General de la República, mediante un dictamen emitido en mayo de 2025, advirtió al Ejecutivo que la ley posee un vacío de origen: no especifica cuál es el organismo fiscalizador facultado para aplicar dicha multa. Al no existir un ente ejecutor, el incumplimiento de los jefes comunales carece de consecuencias jurídicas inmediatas.
Asimismo, expertos como Pilar Moraga, directora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2), advierten que la legislación centraliza la responsabilidad únicamente en la figura del alcalde, ignorando el rol que juegan los Concejos Municipales en la aprobación de estos instrumentos.
Presupuesto, ideología y la urgencia del territorio
El retraso generalizado responde a múltiples factores. A las habituales brechas financieras y a la falta de personal técnico capacitado en las comunas rurales o de menores recursos, se suma la falta de datos climáticos territoriales precisos por parte de los ministerios sectoriales.
No obstante, en algunos puntos del país el freno ha sido de carácter netamente político e ideológico. Un caso emblemático es el de Puerto Varas, donde el alcalde Tomás Gárate impulsó diversos procesos participativos para estructurar el plan comunal. A pesar de los esfuerzos técnicos y del precedente del año 2025, cuando la comuna sufrió graves daños materiales debido a un inédito tornado, el Concejo Municipal ha rechazado la propuesta en tres ocasiones, con argumentos de algunos concejales que llegaron a señalar que planificar contra el cambio climático equivalía a oponerse a los planes divinos.
El desafío institucional
La debilidad en la implementación de los PACCC no solo vulnera la seguridad de la ciudadanía ante la crisis climática global, sino que compromete la reputación e institucionalidad de Chile ante sus compromisos internacionales. Especialistas coinciden en que la solución urgente requiere subsanar los vacíos legales de la norma, inyectar recursos técnicos a las administraciones locales y mejorar la entrega de información ambiental estratégica para que los municipios puedan diagnosticar sus riesgos reales a tiempo.
