Una dura crítica transversales formularon los jefes comunales de Independencia, Agustín Iglesias, y de San Bernardo, Christopher White, ante el lento avance legislativo del proyecto de modificación a la Ley 21.802 de Seguridad Municipal. La iniciativa, ingresada por el Ejecutivo al Congreso el pasado 4 de agosto, permanece estancada en el primer trámite constitucional dentro de la Comisión de Gobierno de la Cámara Alta, amenazando con dilatar normativas operativas clave para los territorios.
El proyecto de «ley corta» busca resolver aspectos sustantivos para la implementación de la ley matriz —vigente desde el 12 de agosto—, estableciendo los marcos regulatorios para la contratación de inspectores, techos de gasto operativo y protocolos de acreditación física y psicológica del personal de fiscalización. Sin embargo, el itinerario pendiente contempla su paso por la Comisión de Seguridad Pública, la Sala del Senado, un segundo trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados, y una eventual Comisión Mixta, lo que mantiene en alerta a los administradores locales.
Desde la gestión municipal, ambos ediles recalcaron la desconexión entre los tiempos del Poder Legislativo y la demanda ciudadana en materia de prevención y patrullaje preventivo. Apuntaron a que la atribución para realizar mayores contrataciones resulta insuficiente si no va acompañada de un financiamiento fiscal directo, advirtiendo que la capacidad económica de cada municipio no puede determinar la cobertura de seguridad de sus habitantes.
Frente a este escenario, las autoridades locales emplazaron al Congreso a agilizar la votación del articulado y solicitaron formalmente al Gobierno que la discusión del Presupuesto 2027 incorpore fondos especiales. Específicamente, proponen inyectar recursos directos para equipamiento e infraestructura de seguridad, además de articular un mecanismo de compensación financiera dirigido a las comunas con mayor nivel de dependencia del Fondo Común Municipal (FCM), evitando así la consolidación de brechas territoriales en el acceso a la protección ciudadana.
