El proceso de desmunicipalización escolar en Chile atraviesa uno de sus momentos más complejos. La propuesta de Ley de Presupuestos 2027 y las modificaciones a la Ley N° 21.040, impulsadas por el Gobierno del presidente José Antonio Kast, han desencadenado un fuerte rechazo entre alcaldes, parlamentarios, organizaciones estudiantiles y gremios docentes, abriendo un complejo escenario legislativo para la gestión de la cartera liderada por la ministra de Educación, María Paz Arzola.
El nudo del conflicto se centra en dos medidas principales: la decisión de postergar por un año el traspaso de establecimientos municipales a cinco Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) —afectando a 27 comunas de las regiones Metropolitana, Valparaíso, Maule y Biobío— y la imposición de restricciones a las dotaciones docentes. Según las glosas del proyecto, la reducción promedio alcanzará las 4.176 horas por Servicio Local (un 6,1% de la dotación autorizada), lo que se traduciría en la fusión de cursos con baja matrícula, la congelación de vacantes y un estricto control de reemplazos.
Un freno a la desmunicipalización y recortes presupuestarios
Desde el Ministerio de Educación argumentan que suspender hasta 2028 el traspaso en los SLEP Chacabuco, Los Viñedos, Del Litoral, Los Cerezos y Los Copihues responde a razones técnicas. El Ejecutivo señala que existen deficiencias administrativas, problemas en los sistemas de remuneraciones e inconsistencias en los concursos de contratación, observados previamente por la Contraloría General de la República. Por ello, sostienen la necesidad de no realizar traspasos apresurados. Sin embargo, el calendario original se mantendrá únicamente para seis servicios: Antofagasta, Valle Cachapoal, Hanga Roa, La Quebrada, Talagante y Del Reloncaví.
| Región | SLEP Posterado a 2028 | Comunas Afectadas |
| Metropolitana | Chacabuco / Los Viñedos | Colina, Lampa, Tiltil, Puente Alto, Pirque, San José de Maipo |
| Valparaíso | Del Litoral | San Antonio, Algarrobo, Cartagena, El Quisco, El Tabo, Casablanca, Santo Domingo |
| Maule | Los Cerezos | Curepto, Río Claro, Curicó, Hualañé, Licantén, Molina, Rauco, Romeral, Sagrada Familia, Teno, Vichuquén |
| Biobío | Los Copihues | Los Ángeles, Cabrero, Yumbel |
El aplazamiento ha generado incertidumbre en los gobiernos locales. Pese a que el Mineduc busca extender temporalmente la administración de los colegios en estos municipios, datos oficiales indican que solo 7 de las 27 comunas involucradas habían expresado interés en mantener sus establecimientos. El problema se agrava al considerar que el proyecto presupuestario plantea una reducción del 38,4% en el Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP), recurso clave para las arcas municipales que deberán prolongar su gestión sin holgura financiera.
Cuestionamientos transversales y reveses en el Congreso
Las réplicas del plan gubernamental no tardaron en llegar al Poder Legislativo y a los movimientos sociales. Desde la oposición y sectores gremiales advierten que el recorte de horas docentes mermará la estabilidad laboral y la calidad de atención, golpeando con mayor severidad a las escuelas rurales o con proyectos de integración específica. La presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh), Laura Mlynarz, confirmó la articulación de acciones junto a gremios del sector, mientras que exautoridades del ramo cuestionan la falta de sustento técnico para justificar la suspensión en determinados territorios.
El descontento tuvo su primer impacto institucional el pasado 21 de octubre, cuando la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos rechazó las partidas destinadas a los SLEP y a la Dirección de Educación Pública (DEP).
«El rechazo en la subcomisión mixta fuerza una renegociación del presupuesto educacional, dejando en evidencia que los recortes a la dotación y la postergación de los traspasos no cuentan con el consenso legislativo necesario.»
El Ejecutivo busca además consolidar vía proyecto de ley (Boletín N° 18.551-04) una flexibilización permanente a la Ley N° 21.040. La iniciativa plantea recalendarizar el despliegue final del sistema hasta el 31 de diciembre de 2030, permitiendo postergar traspasos mediante decretos fundados de Educación y Hacienda, e incorporar evaluaciones comparativas de desempeño financiero y académico entre municipios y SLEP.
Con el debate de la Ley de Presupuestos 2027 aún en curso, las próximas semanas serán clave para determinar si el Gobierno logra mantener el rumbo de los ajustes o si se verá obligado a ceder ante la presión de parlamentarios, alcaldes y comunidades educativas que exigen garantías para el sostenimiento de la educación pública.
