Ante un escenario económico desafiante marcado por cuatro años de desocupación persistente y una contracción en la actividad nacional, el Ejecutivo presentó el programa de reactivación laboral «Chile despega con más pega». La iniciativa, liderada por el Presidente José Antonio Kast, movilizará cerca de $1,3 billones —equivalentes a unos US$1.350 millones— entre 2026 y 2027, con la meta declarada de generar más de 100 mil nuevos puestos de trabajo.
El plan se estructura en cuatro ejes fundamentales orientados a dinamizar el mercado laboral y la actividad productiva:
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Aceleración de la inversión pública: Se instruyó a los ministerios de Obras Públicas (MOP) y de Vivienda ejecutar el 100% de su presupuesto vigente para el periodo entre septiembre y diciembre de 2026. A esto se suma una inyección fiscal de $800 mil millones destinada a nuevas obras de rápida ejecución, infraestructura regional y proyectos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere).
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Subsidios a la contratación directa: Se destinarán $91 mil millones para ampliar los cupos de subsidios al empleo, buscando escalar desde los programas iniciales hasta alcanzar un total de 100 mil beneficios otorgados con criterios de focalización territorial y laboral.
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Recuperación de liquidez para empresas y proveedores: La agenda contempla el adelanto de $130 mil millones en pagos a proveedores del sistema de salud por parte del Minsal, además de una capitalización de hasta $300 mil millones para el Fogape, lo que permitirá apalancar hasta $4,05 billones en garantías crediticias para apoyar a las pymes en su capital de trabajo.
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Ejecución local y seguimiento: Los recursos y obras se desplegarán priorizando criterios técnicos como tasas de desempleo comunal, daño en infraestructura y velocidad de contratación, acompañados de mecanismos estrictos de control presupuestario y monitoreo territorial.
Si bien gremios empresariales como la CPC, la CChC, la SNA y la CNC valoraron la oportunidad de los recursos y la inyección de liquidez, diversos sectores productivos y autoridades regionales —incluyendo representantes del Biobío— recalcaron la necesidad de complementar estas medidas con reformas estructurales que reduzcan los costos laborales, agilicen permisos sectoriales y aseguren la coherencia con los presupuestos regionales para 2027. Por su parte, el Ejecutivo enfatizó que el mayor gasto fiscal del cuarto trimestre es compatible con la meta fiscal vigente, cifrando el éxito del programa en la velocidad y eficacia de su ejecución en terreno.
