La agenda de seguridad y convivencia ciudadana en el país enfrenta una de sus discusiones más complejas en el Congreso Nacional. El proyecto de ley que crea el Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades —una de las medidas más comentadas de la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast— ha comenzado su tramitación legislativa bajo un escenario de intensas alertas técnicas por parte de los gobiernos locales y una sorpresiva expansión de su foco conceptual hacia el ámbito de los delitos económicos de «cuello y corbata».
Por un lado, la propuesta original del Ejecutivo busca consolidar una base de datos de personas que cometan destrozos, alteren los espacios públicos o incurran en «incivilidades», las cuales corresponden a conductas de menor gravedad sancionadas por la justicia local. El texto legal entrega a las municipalidades la facultad de revocar patentes comerciales, concesiones y permisos de circulación, además de denegar licencias de conducir a quienes figuren en dicha nómina.
El grito de alerta de los municipios: «Un león sin dientes»
Pese a compartir la necesidad de recuperar el orden público, la Asociación de Municipalidades de Chile ha encendido las alarmas sobre la viabilidad práctica de la norma, alertando serias debilidades financieras, operativas y administrativas. El punto más crítico radica en que el proyecto traspasa a las arcas de los municipios la obligación de costear la infraestructura tecnológica necesaria para que los ya saturados Juzgados de Policía Local gestionen el registro y remitan la información.
El alcalde de San Pedro de la Paz, Juan Pablo Spoerer, fue categórico respecto a esta asimetría: “Exigir nuevas funciones tecnológicas y plazos de remisión de sentencias a los juzgados de policía local que ya operan al límite de sus capacidades, sin sumar nuevos recursos, puede afectar la autonomía municipal”. Asimismo, advirtió que de no escucharse la realidad territorial en el Congreso, el mecanismo corre el riesgo de «nacer muerto o convertirse en un león sin dientes».
La Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados continuará recibiendo durante julio a centros de estudio y autoridades comunales antes de proceder a la votación en general del proyecto.
La ofensiva legislativa: Sanciones de «cuello y corbata»
En paralelo a la discusión sobre la gestión territorial, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados visó la admisibilidad de una propuesta complementaria y de alto impacto político: el “Registro de Vándalos para delincuentes de cuello y corbata”. Impulsada por la bancada de la Democracia Cristiana (DC) a través de los diputados Cristian Mella y Patricio Pinilla, la iniciativa superó su primer examen legislativo con 59 votos a favor, 45 en contra y una abstención.
Este registro paralelo busca equiparar el estándar de sanción administrativa frente a delitos financieros, de corrupción y abusos contra el Estado y los consumidores. La idea central es golpear la operatividad civil y comercial de ejecutivos y funcionarios condenados por delitos como cohecho, colusión, lavado de activos, fraude al fisco, malversación de caudales públicos y estafa, yendo más allá de las sanciones penales comunes.
Entre las medidas que contempla la propuesta se encuentran:
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La retención inmediata del pasaporte para restringir salidas del país.
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La suspensión de la licencia de conducir.
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La prohibición absoluta de participar en licitaciones públicas con el Estado.
El diputado Cristian Mella valoró el respaldo legislativo señalando que el objetivo de la iniciativa es «que la sanción no sea solo penal, sino que golpee directamente la movilidad y los privilegios económicos de los delincuentes que incurran en estas faltas».
Con este avance, la Comisión de Seguridad de la Cámara baja concentrará en las próximas semanas una doble e inédita discusión: resolver cómo dotar de herramientas y financiamiento real a los municipios para fiscalizar los espacios públicos, y evaluar la viabilidad de un cerco administrativo estricto sobre el poder corporativo del país.
