El Gobierno presentó una reforma legal para aplicar exámenes obligatorios y públicos a altos cargos del Estado, estableciendo el cese de funciones ante resultados positivos. La iniciativa surge tras la reciente salida del subsecretario de Hacienda y reabre el debate sobre vacíos procedimentales como el uso de contramuestras.
SANTIAGO.— En un acto celebrado en el Palacio de La Moneda, el Presidente de la República, José Antonio Kast, firmó el proyecto de reforma constitucional que busca establecer una nueva causal de cesación en el cargo para las altas autoridades del país que registren consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas ilícitas.
La propuesta, que modifica el artículo 8° de la Carta Fundamental —orientado a consagrar el principio de probidad pública—, fija la obligatoriedad de someterse a exámenes de detección de drogas al momento de asumir las funciones y, posteriormente, de forma periódica. Asimismo, dispone que la totalidad de los resultados sean de carácter público y aplicables a un amplio espectro de autoridades: ministros de Estado, subsecretarios, parlamentarios, delegados presidenciales, gobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes y concejales.
Durante la ceremonia, el Jefe de Estado defendió la rigurosidad del proyecto argumentando exigencias de transparencia y la necesidad de frenar el avance del narcotráfico. “En esto tenemos que ser inflexibles, no puede haber dos miradas, porque el riesgo para nuestra democracia es muy alto. Lo hemos visto en otras naciones que no se anticiparon y lo han pagado muy caro”, afirmó la autoridad.
Unificación normativa y aspectos pendientes en el debate legal
Actualmente, los controles de consumo en el sector público operan bajo normativas dispersas y sectoriales, tales como reglamentos internos en el Congreso o glosas específicas en la Ley de Presupuesto. Hasta la fecha, no existe una figura constitucional estandarizada que obligue a la remoción directa de una autoridad por consumo personal, quedando dichas decisiones supeditadas a criterios administrativos o políticos.
El proyecto de ley ingresa a la agenda legislativa pocos días después de concretarse la dimisión del subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, tras dar positivo en una prueba de drogas. El hecho generó atención pública luego de que la exautoridad negara el consumo e indicara que apelaría al procedimiento, abriendo la discusión técnica sobre los protocolos de análisis.
En ese sentido, la propuesta redactada por el Ejecutivo establece los principios generales y delega a una ley posterior los aspectos operativos, dejando para la discusión parlamentaria la definición de los mecanismos de publicación de los resultados, los procedimientos de destitución y el rol reglamentario de las contramuestras para la confirmación de los diagnósticos.
