El Tribunal Oral en lo Penal de La Serena entró en su fase decisiva tras el cierre de los alegatos de clausura en el juicio por uno de los escándalos de corrupción pública más profundos registrados en la Región de Coquimbo. El proceso penal desarticuló una compleja estructura que operó entre 2019 y 2024, desviando fondos públicos desde el Departamento de Salud de la Corporación Municipal Gabriel González Videla (GGV) hacia cuentas particulares.
La Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía Regional, junto a las partes querellantes, solicita penas que superan los diez años de presidio para los tres principales acusados de liderar la red: Nicole Cadena (exsecretaria del Departamento de Salud), Bélgica Guerra (excoordinadora del área) y Cristian Muñoz (esposo de Cadena). Se les imputan delitos de fraude al fisco y lavado de activos.
El mecanismo de la defraudación
De acuerdo con la indagatoria del Ministerio Público —iniciada por querellas en 2022 y respaldada por un informe de la Contraloría General de la República en 2024—, el monto defraudado asciende a cerca de $760 millones. El esquema operaba bajo una modalidad piramidal que involucraba a líderes, mandos medios y una red de terceros encargados de simular la prestación de servicios mediante la emisión de boletas ideológicamente falsas. Una vez recibidos los dineros municipales, los fondos eran triangulados y retransmitidos hacia las jerarquías de la organización para ser invertidos en diversas sociedades.
Durante las más de tres semanas de audiencias, el ente persecutor exhibió un grueso expediente probatorio que incluyó cerca de mil documentos, peritajes tributarios, informes financieros y declaraciones de funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) y de la Contraloría para trazar el destino del dinero.
Debate por el origen de los fondos
Uno de los ejes jurídicos de la discusión estuvo en la naturaleza de los recursos. Mientras las defensas buscaron matizar las responsabilidades argumentando el carácter de derecho privado de la corporación, el abogado querellante del municipio de La Serena, Adrián Vega, enfatizó que los fondos mantienen su índole pública.
«Se trata de recursos estatales destinados a la salud y a programas sociales, administrados por una entidad constituida por la municipalidad y bajo una regulación de orden público», sostuvo el jurista, ratificando además la calidad de funcionarias públicas de dos de las principales imputadas al momento de cometer los ilícitos.
Con la finalización de los alegatos de clausura, el tribunal se apresta a dictar el veredicto definitivo para los remanentes de la organización. Cabe destacar que la causa ya registra a otras nueve personas condenadas mediante procedimientos abreviados en el Juzgado de Garantía, bajo cargos de fraude al fisco, estafa y obtención fraudulenta de recursos del Estado.
