La Asociación Chilena de Municipalidades presentó una propuesta técnica al Ejecutivo y al Senado para frenar el impacto financiero de la reforma gubernamental, resguardando los presupuestos locales sin desproteger a los sectores vulnerables.
SANTIAGO.– En la antesala de una votación crucial en la sala del Senado, las directivas de las principales asociaciones de municipalidades del país han acelerado las negociaciones con el Ejecutivo. El propósito central es modificar la megarreforma tributaria impulsada por La Moneda, la cual contempla una exención universal en el pago de contribuciones para los adultos mayores, una medida que los gobiernos locales advierten comprometería gravemente su sostenibilidad financiera.
De acuerdo con estimaciones técnicas, la aplicación estricta del proyecto original del Ejecutivo significaría una merma directa de aproximadamente 70 millones de dólares en la recaudación global por impuesto territorial. A diferencia del Fondo Común Municipal —cuyas compensaciones fiscales por unos 130 millones de dólares sí están garantizadas por el Estado—, Hacienda ya ha manifestado que no repondrá la brecha de las contribuciones directas. Este escenario golpea con especial dureza a comunas como Lo Barnechea, Las Condes, La Reina y Providencia, que proyectan caídas de hasta un 8% en sus presupuestos anuales, obligándolas a evaluar recortes estructurales en programas sociales de atención comunitaria.
Ante este panorama, una comitiva de alcaldes liderada por Gustavo Alessandri (Zapallar), junto a Tomás Vodanovic (Maipú) y Claudia Pizarro (La Pintana), sostuvo encuentros clave con el subsecretario de Desarrollo Regional, Sebastián Figueroa, y la presidenta del Senado, Paulina Núñez. En estas citas se oficializó la contrapropuesta de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), cuyo eje estratégico abandona el criterio de universalidad para transitar hacia un modelo de segmentación socioeconómica estricto:
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Exención Total: El beneficio se aplicará exclusivamente a personas mayores con ingresos mensuales inferiores a 1,5 millones de pesos.
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Tramos Intermedios: Quienes perciban ingresos entre 1,5 y 3 millones de pesos mensuales abonarán solo el 50% del impuesto territorial.
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Exclusión del Beneficio: Los adultos mayores con ingresos superiores a los 3 millones de pesos mensuales continuarán pagando la totalidad de sus contribuciones.
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Mecanismo de Diferimiento: Si un contribuyente exento posee un inmueble cuyo avalúo fiscal supere los 250 millones de pesos, el cobro no se elimina, sino que se posterga para ser saldado al momento de la venta de la propiedad o mediante la ejecución de la herencia.
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Acotación del beneficio: La medida será aplicable única y estrictamente a una sola vivienda principal a nivel nacional.
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Compensación Estatal: Se propone la creación de un aporte fiscal complementario, de carácter permanente y obligatorio, destinado al Fondo Común Municipal para que el Estado absorba el costo de la medida en lugar de los municipios.
Al respecto, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, fundamentó la urgencia de esta modificación tras su reunión en el Congreso: «Entendemos que es imperativo aliviar la mochila de una serie de personas mayores, pero no es justo que este beneficio sea universal y termine favoreciendo a las familias más ricas del país, desfinanciando por completo a los municipios de Chile».
Por su parte, los alcaldes agrupados en la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch) sumaron propuestas complementarias, exigiendo una reducción en el porcentaje de aportes obligatorios que las comunas con mayores ingresos transfieren estructuralmente al Fondo Común Municipal, argumentando la necesidad de balancear las pérdidas internas.
La tensión política se mantiene, dado que el Ejecutivo ha planteado que las municipalidades poseen espacios de optimización interna, particularmente en la contención del gasto de personal. No obstante, en un intento por destrabar la reforma parlamentaria fijada para este miércoles, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se ha mostrado abierto a una implementación gradual de los recortes de ingresos territoriales, abriendo la puerta al diseño de una indicación sustitutiva redactada en conjunto con los liderazgos locales.
