La concejala de la comuna de Puyehue, Patricia Obando, fue formalizada ante la justicia luego de una fiscalización de la Autoridad Sanitaria que detectó la comercialización no autorizada de medicamentos en un establecimiento de su propiedad, ubicado en la localidad de Entre Lagos, Región de Los Lagos.
El procedimiento, liderado por la Seremi de Salud, concluyó con el decomiso de los productos y la prohibición de funcionamiento del recinto. Tras la audiencia de formalización, el tribunal decretó la medida cautelar de arraigo nacional para la autoridad comunal y fijó un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación.
Infracciones a la normativa de salud y Ley 20.000
El caso penal se originó a raíz de una inspección en el almacén farmacéutico, donde funcionarios de la Seremi de Salud de Los Lagos detectaron la presencia de fármacos cuyo expendio está estrictamente prohibido para ese tipo de establecimientos. Entre las sustancias incautadas se hallaron medicamentos sujetos a control especial que entran en el marco regulatorio de la Ley 20.000, la cual sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.
La seremi de Salud de la región, Evelyn Brintrup, explicó que las boticas operan bajo lineamientos específicos y restrictivos dentro de la legislación farmacéutica chilena, estando facultadas únicamente para la dispensación de medicamentos de menor categoría.
«Cuando esta botica no tiene autorización para la entrega de medicamentos de estupefacientes, esta línea ya sobrepasa el resguardo de la ley 20.000, que es el uso de estupefacientes y sustancias psicotrópicas», precisó la autoridad sanitaria.
Proceso judicial en curso
Debido a la gravedad de los hechos y la naturaleza de las sustancias decomisadas, el Ministerio Público procedió a formalizar a Obando en el Juzgado de Garantía de Osorno.
Durante el periodo de 120 días dictaminado por el tribunal, los organismos pertinentes llevarán a cabo las diligencias investigativas necesarias para esclarecer el origen de las sustancias, determinar las responsabilidades penales definitivas de la imputada y resolver la situación legal del comercio afectado.
Investigación en curso
