El discurso de la sustentabilidad y la protección del entorno avanza a paso firme en las agendas locales de Chile, pero las herramientas reales para ejecutarlo exponen una profunda fractura territorial. El primer informe nacional de «Caracterización de la gestión municipal medioambiental en las comunas de Chile», elaborado por la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), encendió las alarmas al demostrar que, detrás de una fachada institucional generalizada, existe una severa asimetría en recursos financieros y de capital humano que deja en total desventaja a las zonas rezagadas.
El documento revela que, si bien el 90,4% de las corporaciones locales del país cuenta con alguna estructura u oficina destinada al área ambiental, la capacidad de operación efectiva está sujeta al nivel de desarrollo y tamaño socioeconómico de cada territorio.
El peso de la billetera y el personal
La disparidad más crítica se observa en los presupuestos exclusivos para fines medioambientales. Mientras que el promedio de inversión a nivel nacional se sitúa en los $788 millones de pesos, las grandes comunas metropolitanas de desarrollo alto o medio registran un gasto promedio que supera los $2.865 millones (equivalente a un 363% de la media nacional). En la otra vereda, los municipios rurales con menor índice de desarrollo apenas promedian $120 millones anuales; una cifra que representa el 15,2% del promedio país y que evidencia una brecha presupuestaria de 24 veces respecto a las urbes más ricas.
Esta brecha financiera se traduce directamente en la dotación del personal especializado. Las administraciones metropolitanas cuentan, en promedio, con equipos de 36 funcionarios dedicados de forma exclusiva a la gestión del entorno. En contraste, las municipalidades semiurbanas y rurales operan con equipos reducidos de apenas 7 personas, quienes frecuentemente deben multiplicar sus funciones para dar cobertura a extensas áreas territoriales.
El rezago en normativas y la paradoja hídrica
A nivel regulatorio, el informe de AMUCH expone un avance desigual. El 64% de los municipios cuenta con una ordenanza medioambiental de carácter general, pero los cuerpos normativos específicos muestran una baja adopción. Solo el 33,9% de las comunas posee normativas particulares para la gestión de residuos sólidos.
El dato más alarmante se concentra en el ámbito hídrico. Pese a la crisis de escasez y sequía estructural que golpea a gran parte del territorio nacional, apenas un 9,1% de los municipios dispone de una ordenanza de gestión del agua, y solo el 14,1% cuenta con un Plan Hídrico Local, sin diferencias significativas entre zonas urbanas o rurales. Esta carencia transversal contrasta con la planificación climática general, donde el panorama es más favorable: un 54,7% ya cuenta con un Plan Local de Cambio Climático y un 30,2% se encuentra en etapa de diseño.
Avances operativos versus debilidad estratégica
En el plano de la acción ciudadana e infraestructura básica, el estudio muestra coberturas positivas: el 86,6% de los municipios del país tiene habilitado al menos un punto de reciclaje y el 70,8% provee canales formales para procesar denuncias ambientales de los vecinos. Sin embargo, la transición hacia modelos circulares y de largo plazo sigue estancada: solo el 34,6% ejecuta programas formales para la valorización de residuos, mientras que las iniciativas de educación ambiental comunitaria alcanzan apenas al 39,3% de los territorios.
Ante este escenario, el alcalde de Antofagasta y presidente de la comisión de Medio Ambiente de la AMUCH, Sacha Razmilic, enfatizó el problema de fondo que enfrentan los gobiernos locales: “Los municipios reciben cada vez más responsabilidades ambientales por parte del Estado central, pero sin la transferencia equivalente de recursos y capacidades técnicas». De acuerdo con la autoridad, los datos duros de este diagnóstico nacional constituyen un argumento sólido para exigir al poder central un rediseño del modelo de descentralización que sea financieramente justo y técnicamente efectivo.
