Tomás Vodanovic solicitó al Gobierno publicar una comparativa oficial entre la propuesta del Ejecutivo y la inyección directa de los US$ 200 millones al Fondo Común Municipal, asegurando que esta última opción beneficiaría a más del 75% de los municipios del país.
En la víspera de la revisión del informe de la Comisión Mixta en el Senado sobre la reforma que contempla la exención del pago de contribuciones, la discusión respecto del mecanismo con que el Estado compensará a los municipios volvió a generar tensión entre las autoridades locales y el Gobierno.
En conversación con el programa Mesa Central de Canal 13, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, llamó a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) a publicar un desglose comparativo de los fondos que recibiría cada una de las 345 comunas de Chile bajo las dos alternativas que hoy cruzan el debate legislativo: la fórmula propuesta por el Ejecutivo —que repone los recursos directamente donde se deja de recaudar— o la inyección íntegra de los 200 millones de dólares al Fondo Común Municipal (FCM).
«Le pediría a la Subdere que transparente el listado de las 345 comunas de Chile, diga cuántos recursos les van a llegar con la propuesta del Gobierno y cuántos les llegarían si inyectamos los 200 millones de dólares al Fondo Común Municipal, y sometamos esto a votación de los alcaldes», planteó el jefe comunal.
Según el edil, la distribución a través del FCM favorecería a más del 75% de las municipalidades, redirigiendo los fondos hacia los territorios con mayor vulnerabilidad presupuestaria y no concentrándolos necesariamente en aquellas comunas con mayor avalúo fiscal. Además, puso en duda la permanencia de los respaldos que ostenta el Gobierno: sostuvo que gran parte de los jefes comunales que apoyaron la vía oficialista modificarían su postura al conocer las cifras reales comparadas de lo que percibiría cada territorio.
Un acuerdo disuelto y el debate por la regresividad
El jefe comunal argumentó que el consenso previo alcanzado entre los municipios y el Gobierno perdió validez desde el momento en que se descartó la focalización del beneficio en el Congreso. La propuesta original de los alcaldes delimitaba la exención de contribuciones a adultos mayores con ingresos inferiores a $3 millones mensuales y cuya vivienda no superara los $350 millones de avalúo fiscal.
Al eliminarse dichos topes, Vodanovic calificó el actual escenario como regresivo, enfatizando que el uso de impuestos generales para compensar la exención de viviendas de alto patrimonio rompe los principios de equidad del sistema. «Jamás hubiésemos aceptado que mediante impuestos generales se compensen las contribuciones que deja de pagar una vivienda de dos millones de dólares habitada por un director de empresa o un ministro de Estado», aseveró.
Transición gradual y brechas presupuestarias
Consciente del impacto fiscal que supondría un cambio drástico en las arcas de comunas de mayores ingresos —donde reducciones inmediatas podrían alcanzar entre $10 mil y $13 mil millones—, el alcalde de Maipú se mostró abierto a una implementación progresiva. En ese sentido, citó un diálogo con la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, quien sugirió un ajuste escalonado a un plazo de cinco años (a razón de un 10% anual) para permitir que los municipios de altos recursos adapten sus presupuestos de forma paulatina.
Finalmente, Vodanovic subrayó la profunda desigualdad estructural que afecta al sistema municipal chileno, en el que existen comunas con un presupuesto por habitante hasta seis veces superior al de otras dentro de la misma región. Como contraparte, remarcó la limitación operativa de gobiernos locales como el de Maipú —donde los $5 mil millones anuales destinados a pavimentación se agotan en el primer semestre— y enfatizó la necesidad de aumentar la descentralización fiscal en Chile, recordando que el país ejecuta apenas un 10% del gasto público mediante gobiernos subnacionales, muy por debajo del 40% promedio registrado por los países miembros de la OCDE.
