Más de 160 jefes comunales respaldan la propuesta del Gobierno que garantiza la restitución del 100% de los ingresos frente a las exenciones tributarias, mientras que 104 alcaldes de oposición califican la medida de «regresiva» y solicitan un veto presidencial para redireccionar la totalidad de los fondos al Fondo Común Municipal.
A dos días de que la Cámara Alta someta a revisión el informe de la comisión mixta sobre la megarreforma tributaria, la política local chilena atraviesa uno de sus momentos de mayor tensión institucionales. En el centro de la controversia se halla la fórmula de compensación diseñada por el Ejecutivo —liderado por el Presidente José Antonio Kast— para reponer los ingresos que los municipios dejarán de percibir debido a la exención del pago de contribuciones de bienes raíces para adultos mayores de 65 años.
La víspera de la votación ha dejado al descubierto un evidente quiebre entre las autoridades comunales, expresado en dos cartas públicas contrapuestas emitidas en las últimas horas y que ponen en jaque la cohesión interna de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM).
La ofensiva de la mayoría: «Los compromisos se cumplen»
Por un lado, un bloque constituido por 162 alcaldes de Chile Vamos e independientes alineados con el Gobierno emitió un pronunciamiento público valorando los acuerdos alcanzados entre el Ministerio de Hacienda y las directivas municipales. En la misiva, firmada por alcaldes como Mario Desbordes (Santiago), Jaime Bellolio (Providencia), Sebastián Sichel (Ñuñoa) y Gustavo Alessandri (Zapallar, presidente de la AChM), los ediles hicieron un llamado explícito a la Cámara Alta a ratificar la propuesta de la comisión mixta, argumentando que se logró el objetivo primordial de la negociación: que ninguna comuna vea reducidas sus arcas presupuestarias.
Los jefes comunales favorables a la medida expresaron que el esquema planteado resguarda tanto la recaudación directa como los aportes distribuidos mediante el Fondo Común Municipal (FCM). Asimismo, rechazaron categóricamente los cuestionamientos levantados por el sector opositor, instando a evitar la instrumentalización política del debate y a avanzar hacia una agenda de modernización institucional mediante una eventual Ley de Rentas III, mayores estándares de probidad y menor burocracia.
La réplica opositora: Acusaciones de regresividad y llamado a Veto Presidencial
En la vereda opuesta, un conglomerado compuesto por 104 jefes comunales de corte progresista emitió una manifestación rechazando el acuerdo, tildándolo de «insuficiente e inequitativo». El grupo sostiene que el beneficio tributario a la vivienda única termina favoreciendo en mayor proporción a los sectores de más altos ingresos del país, por lo que compensar las pérdidas municipales con cargo a fondos fiscales generales resulta profundamente regresivo.
En lugar del mecanismo actual, la facción de oposición propone que el monto total comprometido por el Gobierno —estimado en aproximadamente US$ 200 millones— sea transferido íntegramente al Fondo Común Municipal para ser redistribuido bajo criterios de equidad territorial. Para viabilizar este ajuste, instaron al Presidente de la República a utilizar la herramienta del veto aditivo, permitiendo así reabrir una mesa técnica de trabajo antes de la promulgación definitiva de la ley.
Visiones contrapuestas: El debate entre Santiago y Maipú
El trasfondo técnico y distributivo del debate se refleja con nitidez en las posturas de los alcaldes de las comunas más pobladas de la Región Metropolitana. Desde Maipú, el alcalde Tomás Vodanovic cuestionó el diseño del incentivo, señalando que el principio de compensación debió estar amarrado a una focalización del beneficio tributario. A juicio del edil, reponer directamente los ingresos dejados de percibir por propiedades de altísimo avalúo fiscal utilizando recursos de todos los contribuyentes constituye una distorsión redistributiva.
En contraste, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, defendió la lógica de la propuesta del Ejecutivo argumentando que la justicia territorial debe considerar las exigencias operativas de cada comuna. Desbordes enfatizó que Santiago recibe diariamente a más de dos millones de personas flotantes que hacen uso de su infraestructura y servicios públicos, pese a lo cual aporta un volumen sustancialmente mayor al FCM de lo que recibe de vuelta. Según su análisis, el mecanismo del Gobierno cumple con una regla elemental de equidad fiscal: compensar a cada municipio en la proporción exacta de los recursos que deja de percibir.
Con las posiciones completamente polarizadas y con la amenaza latente de una división formal en la Asociación Chilena de Municipalidades, la decisión final quedará en manos del Senado este martes 4 de agosto, jornada en la que se definirá el futuro del financiamiento municipal en el marco de la megarreforma.
