El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de La Serena dictó una sentencia clave en materia de probidad pública, condenando a penas efectivas de cárcel a los principales responsables de una red de corrupción que operó al interior del Departamento de Salud de la Corporación Municipal Gabriel González Videla. La organización criminal logró desviar un total de $762.778.091 en recursos públicos entre los años 2019 y 2025.
Las principales articuladoras del esquema —una excoordinadora de programas y su secretaria— fueron sentenciadas a cumplir ocho años de presidio efectivo cada una, tras acreditarse su autoría en los delitos de fraude al fisco y lavado de activos. El tribunal les impuso, además, el pago de multas equivalentes al 50% del perjuicio fiscal causado y 100 UTM adicionales. En tanto, el cónyuge de la secretaria recibió una pena total de siete años de cárcel por lavado de activos y fraude de prestaciones estatales, al comprobarse que utilizaba diversas sociedades para blanquear los fondos defraudados.
El mecanismo del fraude
La investigación penal y los informes clave de la Contraloría General de la República permitieron descifrar el sofisticado modus operandi. La estructura operaba simulando la contratación de servicios y prestaciones de salud que jamás se ejecutaron. Para ello, el núcleo de la organización reclutaba a terceras personas que facilitaban sus boletas de honorarios de forma ideológicamente falsa o entregaban sus claves a cambio de una comisión.
Una vez que el Departamento de Finanzas de la corporación tramitaba y liberaba los pagos, los fondos eran transferidos de vuelta al esposo de la funcionaria, quien inyectaba el capital ilícito en el sistema financiero regular.
El resto de la red, compuesta por otros diez acusados que no poseían la calidad de empleados públicos, fue condenada a penas que oscilan entre los 840 y 1.082 días de presidio bajo la modalidad de remisión condicional, tras determinarse su participación en el delito común de fraude de prestaciones estatales y lavado de activos. Asimismo, otras 19 personas ya habían recibido sanciones previas en distintas etapas del proceso judicial por su colaboración con el entramado.
Peritajes y comiso de bienes
La contundencia de las condenas se sustentó en un extenso despliegue probatorio coordinado por la Fiscalía de Alta Complejidad. Las pesquisas involucraron un riguroso trabajo de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec), la Brigada de Lavado de Activos (Brilac) y el Laboratorio de Criminalística de la PDI, además de peritajes financieros ejecutados por analistas del Sistema de Análisis Criminal de la Fiscalía.
«El caso nos deja lecciones y aprendizajes sobre los riesgos de administrar el poder y los recursos, y que van en la línea de mejorar la fiscalización y el control en los organismos del Estado», afirmó el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, quien enfatizó que se mantiene un combate directo contra la corrupción para evitar que fondos destinados al bienestar regional terminen en patrimonios privados.
Como parte del veredicto, la justicia ordenó la incautación definitiva y el comiso de bienes raíces, dinero en efectivo y diversos vehículos que los acusados habían adquirido para ocultar el origen ilícito del dinero público.
