En un punto de quiebre para la tramitación de la agenda legislativa de orden público, la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó ajustar el catálogo de conductas del proyecto de ley que crea el Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades. A propuesta del Ejecutivo, la nómina original sufrió una reducción de 23 a 14 figuras sancionables, concentrando su foco en la protección del espacio público e incorporando de forma inédita la crueldad animal y la gestión ilegal de desechos.
La reestructuración, expuesta ante la instancia por el ministro del Interior (s), Máximo Pavez, responde a un criterio de proporcionalidad y delimita las conductas que podrían acarrear la pérdida o restricción de beneficios sociales. Bajo esta lógica, se retiraron del listado los delitos de mayor gravedad —tales como homicidios, lesiones y amenazas contra fiscales o defensores públicos— al considerar que estas ilicitudes ya cuentan con estatutos penales preferentes y marcos punitivos reforzados. Del mismo modo, quedaron fuera del catálogo la participación en casas de apuestas y el porte no autorizado de armas.
Reconfiguración del catálogo y nuevos frentes de debate
El criterio del Ejecutivo apunta a delimitar el registro hacia infracciones que atenten de manera directa contra la convivencia comunitaria, el espacio urbano y el patrimonio. Entre las conductas que se mantienen bajo persecución prioritaria figuran los desórdenes graves en la vía pública, los daños a la infraestructura o transporte público y el uso de artefactos incendiarios.
A la lista modificada se sumaron nuevas tipificaciones tras la votación de los parlamentarios:
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Maltrato animal e impacto ambiental: Se aprobó incorporar la crueldad hacia los animales, junto al transporte, traslado o depósito no autorizado de desechos tóxicos mediante vehículos.
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Incivilidades urbanas: Se añadieron al registro la acumulación de basura en la vía pública, así como el abandono, destrucción o desarmaduría clandestina de automóviles.
Por otra parte, la comisión desestimó la inclusión de los denominados delitos de «cuello y corbata» e infracciones financieras, moción impulsada por parlamentarios como Patricio Pinilla (DC) y Jaime Araya (PPD). Quienes promovían esta indicación argumentaron la necesidad de no generar asimetrías de sanción entre infracciones al orden público y fraudes económicos de mayor desvalor social. Sin embargo, la indicación fue rechazada con 4 votos a favor, 5 en contra y 1 abstención, luego de que desde el Gobierno se precisara que la delincuencia económica cuenta con una legislación especial de reciente publicación.
Fricciones legislativas y reservas constitucionales
La tramitación del texto mantuvo tensiones cruzadas tanto por el fondo punitivo como por el lenguaje de la norma. Mientras parlamentarios del oficialismo y la oposición cuestionaron la conceptualización amplia del vandalismo —advirtiendo riesgos de utilizar la técnica legislativa con fines político-comunicacionales—, desde la comisión se formalizaron reservas de constitucionalidad.
El diputado Jaime Bassa (FA) hizo reserva explícita respecto del tratamiento asignado a los menores de edad, sosteniendo que la norma podría incurrir en una discriminación por indiferenciación al no fijar un estatuto diferenciado y reforzado de protección procesal para los adolescentes frente a los adultos.
Avanza la agenda de seguridad en Sala
En paralelo al debate en la Comisión de Seguridad, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados despachó al Senado el proyecto que crea el nuevo Sistema Nacional de Registros de ADN. La iniciativa faculta a la Policía de Investigaciones (PDI) y a Carabineros de Chile para validar y procesar muestras genéticas de manera directa, descentralizando la labor pericial con el objetivo de descongestionar los tiempos de respuesta del Servicio Médico Legal (SML).
La agenda legislativa en la materia continuará su tramitación en las próximas jornadas con la revisión de las reformas para la ampliación del plazo de detención preventiva orientado a expulsiones administrativas, junto con el debate en Sala de la denominada ley antibarricadas.
