La Cámara de Diputadas y Diputados de Chile aprobó un proyecto de resolución que solicita formalmente al presidente José Antonio Kast dejar sin efecto cualquier acto administrativo, circular o resolución que promueva o establezca el uso del lenguaje inclusivo en las reparticiones estatales. La iniciativa, aprobada con 85 votos a favor, 53 en contra y una abstención, busca además decretar la obligatoriedad del uso del castellano bajo las normas gramaticales tradicionales.
La propuesta, impulsada inicialmente por parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente (UDI), contó en la votación con un respaldo transversal que sumó apoyos de Chile Vamos, el Partido Republicano, el Partido Nacional Libertario, el Partido de la Gente e incluso algunos votos oficialistas.
Argumentos de la resolución
Los legisladores a favor de la medida argumentaron que durante la administración del expresidente Gabriel Boric —particularmente tras la publicación de un instructivo en noviembre de 2022— se intentó imponer esta práctica de manera institucional, con especial énfasis en el sistema educativo. A juicio de los autores del proyecto, estas directrices representaron un intento de «adoctrinamiento» y una imposición ideológica orientada a obtener réditos políticos.
Como sustento técnico, el documento aprobado cita los pronunciamientos de la Real Academia Española (RAE) respecto al valor inclusivo del masculino gramatical universal, así como directrices de las Naciones Unidas (ONU) que diferencian el género gramatical del sexo biológico y de las construcciones socioculturales.
Tras la votación, parlamentarios afines a la iniciativa celebraron el resultado en plataformas digitales, señalando que la resolución busca poner fin al gasto de recursos públicos en manuales de comportamiento y comunicación, calificando la medida como un freno a agendas ideológicas externas.
Preocupación en agrupaciones de derechos humanos
Desde la vereda opuesta, organizaciones de derechos humanos y de la diversidad sexual manifestaron su profunda preocupación ante lo que consideran un retroceso en materia de libertades y reconocimiento social.
El encargado de Derechos Humanos del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), Ramón Gómez, advirtió que la Cámara aprobó la solicitud sin una definición clara de los conceptos técnicos en disputa. Gómez enfatizó que el lenguaje no se define por decretos ni desaparece por prohibiciones, y que la medida podría mermar los espacios de respeto y visibilización de las personas trans y no binarias en el país. Asimismo, la organización rechazó que existieran normativas que obligaran de forma coercitiva a los funcionarios a utilizar estas fórmulas.
Alcance legal de la medida: Cabe destacar que, al tratarse de un proyecto de resolución, el documento aprobado no posee un carácter vinculante ni fuerza de ley. La decisión final de modificar las normativas administrativas vigentes e implementar estas prohibiciones dentro del aparato estatal recae exclusivamente en la facultad del presidente de la República.
