El proyecto de ley, ingresado por el Gobierno con discusión inmediata, busca corregir nudos críticos de la normativa original que amenazaban la operatividad de los municipios, incorporando flexibilidad en los límites de gasto, prórrogas en licencias de conducir especializadas y certeza jurídica para el personal.
VALPARAÍSO. La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados comenzó la discusión hasta total despacho del proyecto de «ley corta» de seguridad municipal. La iniciativa fue presentada con urgencia de discusión inmediata por el Ejecutivo tras advertencias expresadas por alcaldes y la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), quienes señalaron que la puesta en marcha de la legislación original sin los ajustes de implementación requeridos condicionaría gravemente la labor preventiva a nivel local.
Entre sus aspectos financieros clave, el texto modifica el marco presupuestario para los municipios al retirar las remuneraciones del personal de seguridad del límite global correspondiente al 42% de los ingresos propios municipales. En su lugar, se instaura un techo normativo exclusivo del 4%, con la posibilidad de expandirse hasta un 20% sujeto a la evaluación y autorización previa de la Dirección de Presupuestos (Dipres) y la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere).
Asimismo, la propuesta busca destrabar las exigencias técnicas requeridas para el patrullaje territorial. Se otorga un plazo de gracia de 36 meses para la exigencia de licencia de conducir clase F a los funcionarios a cargo de vehículos de seguridad pública. Para subsanar dicha brecha, la Subsecretaría de Prevención del Delito coordinará convenios de instrucción profesional con las Policías y las Fuerzas Armadas.
En el ámbito estatuario y laboral, la ley otorga certeza jurídica al reafirmar la calidad de funcionarios públicos de los inspectores de seguridad municipal e incentiva contrataciones mediante el Código del Trabajo. Adicionalmente, permite acreditar la idoneidad física y psicológica de quienes ya se encuentran en funciones en centros de salud tanto públicos como privados dentro de un plazo de 12 meses.
La propuesta cuenta con un transversal respaldo parlamentario y de los gobiernos locales, por lo que el Ejecutivo prevé que concluya su tramitación legislativa en el Congreso durante el transcurso de esta misma semana.
