Ofensiva de alcaldes frena decreto de Seguridad Municipal: Gobierno retira reglamento de Contraloría por amenazar con la destitución de ediles
El Ministerio de Seguridad Pública procedió al retiro formal del reglamento general de la Ley de Seguridad Municipal (Ley N° 21.802) que se encontraba en proceso de toma de razón en la Contraloría General de la República. La determinación se gestó tras un rechazo transversal de las diversas asociaciones de municipios del país, las cuales acusaron vicios de forma y fondo al incorporarse un criterio que exponía a los jefes comunales a la destitución de sus cargos.
El foco de la controversia se centró en el artículo 8 de la propuesta reglamentaria. Esta disposición establecía exigencias estrictas para que los municipios verificaran los requisitos de contratación de directores de seguridad pública e inspectores. Sin embargo, el punto crítico estipulaba que cualquier omisión o irregularidad en dicho trámite administrativo habilitaba la causal de «notable abandono de deberes», mecanismo establecido en el artículo 60 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades para solicitar el cese de funciones de un alcalde ante los Tribunales Electorales Regionales (TER).
La norma generó una férrea resistencia de autoridades comunales de todo el espectro político. Agrupaciones como la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), la Asociación de Municipios de Chile (AMUCH) y la Asociación de Municipios Rurales (AMUR) argumentaron que un decreto supremo emanado del Ejecutivo no posee la potestad constitucional para definir o ampliar criterios que pongan en riesgo la continuidad de autoridades elegidas mediante votación popular. A su vez, los alcaldes criticaron la falta de gobernanza y consulta previa durante la redacción del texto final, sumado a la preocupación por las altas exigencias técnicas y operativas impuestas a los municipios sin una provisión garantizada de nuevos recursos financieros.
Pese a que desde el Ejecutivo inicialmente se sostuvo que el artículo solo recordaba inhabilidades vigentes sin crear causales inéditas, la presión de las redes territoriales forzó un giro estratégico. El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, y el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, oficializaron el retiro de la normativa de la Contraloría para despejar interpretaciones equívocas y restablecer los canales de diálogo.
Como consecuencia inmediata de esta medida, la implementación de las nuevas atribuciones de los guardias locales ha quedado temporalmente congelada. En su lugar, el Ejecutivo e instituciones municipales constituyeron una mesa técnica de trabajo compuesta por nueve sesiones de revisión. Instancia donde participan asesores jurídicos del Ministerio y delegados técnicos comunales para redefinir el texto artículo por artículo, diferenciar la realidad presupuestaria entre comunas urbanas y rurales, e intentar sincronizar el marco regulatorio con la «Ley Corta» de seguridad que actualmente se tramita en el Congreso Nacional.
