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Zonas extremas e insulares en alerta: Austeridad fiscal 2027 y crisis de conectividad amenazan el desarrollo local

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Un complejo escenario económico y logístico enfrentan las comunas más aisladas del país. La decisión del Gobierno de mantener un estricto control del gasto público para 2027 —con un crecimiento proyectado de entre 0% y 1%, sumado a un recorte del 7,1% en los presupuestos de los gobiernos regionales— encendió las alarmas en los territorios insulares de la Región de Valparaíso, los cuales dependen en gran medida del financiamiento estatal para operar y ejecutar infraestructura básica.

Desde Juan Fernández y Rapa Nui advierten que aplicar un criterio de austeridad parejo desconoce los elevados costos de la insularidad, donde la logística, el traslado de materiales y la prestación de servicios públicos resultan significativamente más caros que en el continente. Pablo Manríquez, alcalde de Juan Fernández, enfatizó que la comuna depende en un 94% del Fondo Común Municipal al carecer de ingresos propios, por lo que cualquier ajuste compromete la subsistencia local. Ante este panorama, la Asociación Chilena de Municipalidades instó a revisar y modernizar la distribución de los recursos para proteger a los municipios más vulnerables.

Aislamiento crítico en Juan Fernández

La incertidumbre presupuestaria coincide con una severa emergencia de conectividad en el archipiélago de Juan Fernández. La suspensión de los vuelos subvencionados operados por la empresa ATA —debido a un proceso de certificación pendiente ante la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC)— dejó a la isla incomunicada en vísperas de Fiestas Patrias.

La paralización del servicio mantiene a decenas de vecinos varados en el continente, interrumpió el envío de medicamentos esenciales y obligó a recurrir a aeronaves de Carabineros y la Armada para efectuar evacuaciones médicas de urgencia. A ello se suma la inactividad de los vuelos comerciales durante seis meses al año y los elevados costos de los pasajes para visitantes, factores que ahogan la economía turística y profundizan la brecha de servicios en un territorio que demanda mayor presencia e inversión del Estado.

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