Las negociaciones entre las asociaciones de municipalidades y el Ministerio de Hacienda para definir las compensaciones por la exención del pago de contribuciones a adultos mayores de 65 años entraron en una etapa compleja. Pese al consenso transversal de exigir al Ejecutivo la restitución total de los fondos, el debate técnico sumó tensión política luego de que la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, propusiera formalmente la eliminación de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) como fórmula para liberar recursos fiscales.
La propuesta fue planteada durante una reunión en Teatinos 120 con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. La principal preocupación de los jefes comunales radica en el impacto presupuestario de la medida, que significará una disminución cercana a los US$ 70 millones en ingresos municipales directos. Si bien el Ejecutivo comprometió la reposición de US$ 130 millones correspondientes al Fondo Común Municipal (FCM), comunas de altos ingresos como Lo Barnechea, Las Condes, Vitacura y La Reina registrarían una reducción de hasta un 8% en sus presupuestos anuales.
Frente a la estrechez fiscal, San Martín argumentó que la estructura de la Subdere genera una burocracia excesiva y planteó que sus fondos se transfieran directamente a los municipios, manteniendo solo un equipo reducido de coordinación dentro del Ministerio del Interior.
Sin embargo, la iniciativa provocó el primer quiebre público en el bloque de alcaldes, quienes interpretaron que la idea desvió la atención de otras alternativas técnicas que estaban bajo análisis, como la propuesta del alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, de rebajar transitoriamente los aportes municipales al FCM (del 65% al 60%).
Visiones contrapuestas sobre el rol del organismo
El rechazo a la supresión de la Subdere fue inmediato en distintos sectores:
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Felipe Alessandri (Lo Barnechea): Afirmó que, aunque es legítimo discutir la eficiencia del Estado, la Subdere cumple un papel fundamental en el financiamiento de proyectos locales y en la asistencia técnica de comunas con menores recursos y equipos limitados.
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Camila Merino (Vitacura): Descartó la eliminación del organismo argumentando la necesidad de «nivelar la cancha», sugiriendo en su lugar agilizar los procesos de postulación a fondos o evaluar la fusión de otras carteras ministeriales.
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Joel Olmos (La Cisterna): Criticó con dureza la propuesta, advirtiendo sobre la enorme brecha presupuestaria entre las comunas del país (ejemplificando que Las Condes maneja US$ 500 millones frente a los US$ 35 millones de La Cisterna) y defendiendo la función redistributiva del organismo.
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José Manuel Palacios (La Reina y presidente de la AMUCH): Señaló de manera prudente que la asociación no ha realizado un estudio profundo de la propuesta, apuntando a que prefiere evaluar primero la racionalización del gasto mediante la fusión de ministerios.
Respuestas desde el Ejecutivo
La Moneda cerró la puerta a una eventual disolución de la entidad. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, descartó de plano la medida al enfatizar que la Subdere es un eje clave para el proceso de descentralización de Chile. Por su parte, el actual subsecretario de la repartición, Sebastián Figueroa, defendió la gestión institucional señalando en sus canales oficiales que la propuesta demuestra un desconocimiento de la realidad que viven las regiones y las comunas rurales vulnerables, afirmando que el país «necesita más apoyo, no menos».
Con las posturas divididas respecto a la arquitectura estatal, pero unidas en torno a la exigencia de compensaciones financieras eficientes, los equipos técnicos de los municipios proyectan retomar las citas de trabajo con Hacienda para destrabar una fórmula definitiva.
