SANTIAGO. La Contraloría General de la República determinó que las asociaciones de municipalidades deberán someter de forma obligatoria a toma de razón todos los actos administrativos vinculados a la recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos domiciliarios. El dictamen abarca la aprobación de bases de licitación, adjudicaciones y contrataciones mediante trato directo.
El pronunciamiento del órgano fiscalizador busca cerrar el paso a vacíos normativos en la gestión de servicios básicos comunitarios. Según precisó el organismo, dado que la extracción de basura es una función pública esencial de los municipios, las entidades asociativas que asuman dicha tarea actúan en representación del Estado para satisfacer necesidades colectivas y, por ende, están sujetas al mismo marco de control administrativo.
La resolución se sustenta en la Ley N°19.886 de Compras Públicas y sus modificaciones introducidas por la Ley N°21.634 —vigentes desde diciembre de 2024—, que ampliaron de manera explícita el ámbito de fiscalización a corporaciones, fundaciones y asociaciones municipales. Asimismo, el dictamen ratifica la aplicación del Decreto N°316, fijado por el Ministerio del Interior para regular los contenidos mínimos en las licitaciones del rubro.
Desde la entidad de control advirtieron que eximir a estas agrupaciones del examen preventivo de legalidad habría permitido a los municipios eludir la fiscalización de sus contratos con el solo hecho de asociarse. De este modo, cualquier proceso licitatorio o contratación excepcional para la gestión de residuos ejecutado por una asociación municipal deberá contar, sin excepción, con el visado previo de la Contraloría antes de su entrada en vigencia.
