Tras más de un mes de intensas mesas técnicas y consultas con 218 gobiernos locales de todo el país, el Ministerio de Seguridad Pública cerró el proceso participativo para la reformulación del reglamento de la Ley de Seguridad Municipal. El hito, liderado por la ministra Trinidad Steinert y la subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, junto a los representantes de las tres principales asociaciones de municipalidades, concluyó con el compromiso del Ejecutivo de reingresar la normativa a la Contraloría General de la República entre este lunes y martes, proyectando su implementación definitiva para agosto de 2026.
La reformulación del reglamento surge tras el retiro estratégico del texto original desde el órgano contralor, una medida adoptada por La Moneda para incorporar la experiencia territorial y subsanar las críticas de los jefes comunales. El nuevo documento consagra el rol preventivo de los municipios y otorga certeza jurídica al actuar de los inspectores en el espacio público, estableciendo protocolos nacionales de actuación, mecanismos de trazabilidad, protección de datos y el endurecimiento de sanciones penales en caso de agresiones a los funcionarios de seguridad comunal.
Ejes del acuerdo: Gradualidad y capacitación institucional
El consenso alcanzado entre el Gobierno y las asociaciones de municipalidades —la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch) y la Asociación de Municipios Rurales (AMUR)— se sostiene sobre tres pilares operativos diferenciados:
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Implementación progresiva: Se definió una aplicación gradual de la ley que reconoce las profundas brechas de financiamiento, dotación e infraestructura tecnológica existentes entre las comunas urbanas y los sectores rurales del país.
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Acompañamiento técnico: El nivel central brindará asesoría directa a los equipos locales durante la puesta en marcha para estandarizar los procesos de fiscalización.
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Formación unificada: Se diseñará un modelo de capacitación articulado de forma conjunta entre las organizaciones municipalidades y Carabineros de Chile, garantizando un estándar homogéneo y profesional para todos los inspectores.
“La seguridad pública se construye mejor cuando el Estado escucha, coordina y actúa con responsabilidad con las distintas realidades territoriales. Este trabajo tiene un sentido profundamente conectado con el Plan de Seguridad Pública del Gobierno para devolver el orden y respaldar a quienes cumplen funciones de seguridad”, destacó la ministra Trinidad Steinert.
El debate por las herramientas de protección y la apertura a dispositivos Taser
Uno de los puntos de mayor complejidad política y técnica de la discusión sigue siendo el equipamiento defensivo de los inspectores. En este ámbito, la subsecretaria Ana Victoria Quintana confirmó que el Ejecutivo no descarta la incorporación de dispositivos de control eléctrico (conocidos como pistolas Taser) para los equipos comunales, marcando una apertura en la postura gubernamental de evaluar herramientas tecnológicas bajo criterios de eficacia, costos y capacidades operativas.
Desde las alcaldías valoraron la apertura y el espacio de negociación. José Manuel Palacios, alcalde de La Reina y presidente de la Amuch, señaló que los municipios representan una pieza fundamental para que la normativa responda con precisión a las demandas vecinales.
Por su parte, el presidente de la AMUR y alcalde de Paine, Rodrigo Contreras, enfatizó la urgencia de proteger a los funcionarios en entornos vulnerables, advirtiendo que el crimen organizado y la delincuencia común han buscado refugio en zonas rurales, lo que hace indispensable fijar directrices claras sobre dónde y cómo deben operar las patrullas preventivas.
Finalmente, el vicepresidente de la AChM y alcalde de San Ramón, Gustavo Toro, hizo un llamado a mantener una coordinación transversal que aísle la agenda de seguridad de las disputas políticas locales, priorizando el resguardo de las comunidades.
