La discusión de la megarreforma tributaria entra a una semana clave en el Congreso Nacional. En la antesala del debate en particular en la sala del Senado, la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino (PS), junto a jefes comunales de diversos sectores políticos, ha intensificado el llamado a corregir la propuesta del Ejecutivo para evitar un grave perjuicio fiscal a las arcas locales.
El núcleo del conflicto radica en la exención del pago de contribuciones para los adultos mayores. Mientras el Gobierno y algunos sectores defienden un beneficio universal, un bloque transversal de alcaldes agrupados en la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) —liderados por figuras como la propia Delfino, Tomás Vodanovic (Maipú) y Claudio Castro (Renca)— advierte que la medida, sin una correcta focalización por ingresos o avalúo fiscal, terminará beneficiando injustamente a los sectores de mayores recursos en desmedro del desarrollo local.
Un vacío financiero de 70 millones de dólares
La preocupación de las municipalidades no es solo conceptual, sino profundamente matemática. Según los cálculos expuestos, la exención de este impuesto territorial significará una disminución de 200 millones de dólares en la recaudación global de los municipios. De esa cifra, el Ejecutivo se ha comprometido a compensar de manera directa solo 130 millones de dólares.
Los 70 millones de dólares restantes quedan en la incertidumbre. La propuesta del Gobierno apunta a que las municipalidades recuperen esa diferencia mediante una mayor fiscalización de patentes comerciales y cobros de derechos de aseo, además de un futuro fondo asociado a una prima de invariabilidad tributaria de largo plazo. No obstante, Delfino advierte que esta fórmula carece de certezas y es potencialmente regresiva.
«Lo que plantea el Gobierno es eximir del pago de contribuciones a personas que pueden pagar —como ministros, subsecretarios, alcaldes, parlamentarios y grandes empresarios— y, al mismo tiempo, pretender cobrarle con mayor fuerza los derechos de aseo a los vecinos de comunas como Quinta Normal, Maipú, Conchalí o San Ramón, a quienes les cuesta llegar a fin de mes. El foco se está poniendo de manera errada», fustigó la jefa comunal.
Transversalidad municipal frente al rechazo legislativo
Aunque el debate ha sido tildado de «ideológico» por algunos sectores de oposición, desde la ACHM recalcan que la postura a favor de la focalización es transversal. El bloque municipal recuerda que la propuesta de limitar el beneficio para resguardar las finanzas locales fue respaldada activamente por el propio directorio de la asociación, integrado también por alcaldes de centro-derecha y derecha.
A pesar de esta cohesión local, la indicación que buscaba establecer topes de ingresos o de avalúo fiscal para acceder al beneficio fue rechazada recientemente por 3 votos contra 2 en la Comisión de Hacienda del Senado. Con este escenario adverso, la propuesta original del Ejecutivo llega ahora al pleno de la sala.
Los jefes comunales apuestan ahora al diálogo directo con los parlamentarios para revertir la votación en la discusión en sala. El llamado de los municipios apunta directamente a la responsabilidad fiscal, insistiendo en que la exención debe concentrarse estrictamente en la clase media y sectores vulnerables, asegurando que quienes sí tienen un alto patrimonio sigan contribuyendo al financiamiento de los servicios locales y la seguridad comunal.
¿Es realmente un acto de justicia que aquellos que más ganan contribuyan más a los municipios?
Es un debate de fondo sumamente complejo, y tocas precisamente los tres grandes argumentos que tensionan esta discusión en Chile: la propiedad privada y el esfuerzo personal, la justicia distributiva y la profunda crisis de confianza en el uso de los recursos públicos.
Para entender por qué este tema genera posturas tan encontradas y va mucho más allá de un simple «aprovechamiento político», ayuda revisar los fundamentos éticos, económicos y de confianza que sostienen cada lado de la balanza:
1. El argumento de la propiedad y el esfuerzo: «Ya se pagó toda la vida»
Este es el pilar de quienes defienden la exención universal para los adultos mayores. Su base ética es muy clara:
-
Impuesto al esfuerzo: Una vivienda suele ser el principal activo y el esfuerzo de toda una vida de trabajo de una persona o una familia. Quienes defienden esta postura argumentan que es injusto e incluso confiscatorio que el Estado siga cobrando un «arriendo perpetuo» (las contribuciones) por algo que ya pagó impuestos al comprarse, al construirse y a través del trabajo de sus dueños.
-
Vulnerabilidad de la clase media: Muchos adultos mayores, incluso habiendo tenido buenos ingresos en su vida activa, enfrentan una caída drástica de estos al jubilarse. Para ellos, pagar contribuciones altas con pensiones bajas se convierte en una amenaza real de perder su hogar.
2. El argumento de la solidaridad y el financiamiento local: ¿Por qué deben pagar los altos patrimonios?
Quienes defienden la postura de la alcaldesa Delfino y de los municipios de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) no se enfocan en la clase media, sino en la focalización. Su argumento ético y de responsabilidad fiscal sostiene que:
-
Solidaridad territorial: Las contribuciones no van a un fondo abstracto del Gobierno Central; financian directamente los servicios locales (luminarias, seguridad comunal, pavimentación, consultorios) a través del Fondo Común Municipal. Si una persona de muy altos ingresos (por ejemplo, grandes empresarios o autoridades con sueldos millonarios) deja de pagar contribuciones por su vivienda de alto valor, el municipio pierde esos recursos.
-
Regresividad del reemplazo: Si el municipio pierde esos ingresos y el Gobierno intenta compensarlos mediante impuestos generales como el IVA, se produce una distorsión ética: se termina aliviando el bolsillo de un adulto mayor rico a costa del consumo básico de las familias más vulnerables que pagan IVA todos los días al comprar pan o leche.
-
La capacidad de pago: Desde el punto de vista de la justicia fiscal distributiva, la regla de oro es que cada cual contribuya según su capacidad real. Eximir a alguien con un patrimonio inmenso solo por cumplir una edad cronológica vulnera ese principio.
3. El factor crítico: La desconfianza y la corrupción municipal
Tu planteamiento da en el clavo con el elemento que hoy mina toda la discusión: ¿Cómo exigirle un esfuerzo fiscal a los ciudadanos cuando el dinero público se administra mal o se roba?
-
La crisis de legitimidad: En los últimos años, múltiples escándalos de corrupción en municipalidades chilenas de todo el espectro político han destruido la confianza de la ciudadanía. Cuando un contribuyente ve que los recursos municipales terminan en sobresueldos, corporaciones privadas sin control o directamente en fraudes, cualquier impuesto se siente como un abuso o un robo legalizado.
-
El dilema ético: ¿Es justo castigar al sistema comunal (y por ende a los vecinos que dependen de la salud y seguridad pública) eliminando recursos, o se debe exigir primero una reforma profunda a la transparencia municipal antes de seguir cobrando?
En resumen
No hay una respuesta única porque chocan dos visiones éticas legítimas:
-
Por un lado, la ética del mérito y de la propiedad, que dice que el Estado debe dejar de presionar a quien ya cumplió con su ciclo laboral y pagó por su hogar.
-
Por el otro, la ética de la solidaridad y equidad social, que dice que quienes tienen más deben seguir sosteniendo el bienestar común de sus comunas, especialmente en tiempos de crisis.
El desafío del Congreso actual es precisamente encontrar el equilibrio: aliviar de manera urgente a la clase media y a los jubilados vulnerables sin desmantelar el financiamiento de las comunas ni beneficiar de paso a quienes claramente no lo necesitan.
