Tras más de tres décadas de funcionamiento, el emblemático Programa Mujeres Rurales —ejecutado históricamente mediante un convenio entre el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) y la Fundación PRODEMU— inició un proceso de cierre gradual que se extenderá hasta 2029. La medida, que congela el ingreso de nuevas beneficiarias a partir de este año, ha desatado un intenso debate entre autoridades locales, dirigentes campesinas y el Ejecutivo respecto a la eficiencia del gasto público y el impacto social en las zonas rurales del país.
La polémica escaló a nivel municipal y gremial. Desde el archipiélago de Chiloé, el presidente de la Asociación de Municipios locales y alcalde de Quinchao, René Garcés, calificó la decisión gubernamental como «un castigo» que perjudica la formación de emprendimientos y el desarrollo personal de las usuarias. Una postura similar manifestaron dirigencias de la Provincia de Osorno, quienes remarcaron que el programa brinda un acompañamiento integral de tres años que aborda aspectos de asociatividad, autonomía y liderazgo, elementos que —aseguran— no son cubiertos por otras herramientas estatales tradicionales.
Por su parte, desde el Gobierno han salido a precisar el alcance de la medida. En una reciente exposición ante la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputadas y Diputados, autoridades del Ministerio de Agricultura e INDAP enfatizaron que el apoyo financiero a las mujeres campesinas no desaparecerá, sino que concluirá la modalidad de trabajo conjunto con la Fundación PRODEMU.
El diagnóstico técnico expuesto por el Ejecutivo apunta a brechas de eficiencia y costos operacionales. Según detalló la subdirectora nacional (s) de INDAP, Antonella Pecchenino, el convenio implicaba un gasto cercano a los 3.860 millones de pesos para atender a unas 3.016 usuarias, destinándose un 38,5% de ese presupuesto exclusivamente a gastos administrativos. Asimismo, el subsecretario de Agricultura, Francesco Venezian, argumentó que la reestructuración busca redirigir los fondos de manera directa al fomento productivo de las usuarias, reduciendo la burocracia y la intermediación institucional.
No obstante, desde PRODEMU, su directora Jessica Flores reconoció la compleja situación financiera que atraviesa la entidad, pero advirtió sobre la incertidumbre que genera la transición para aquellas emprendedoras rurales cuyo perfil no les permite calificar directamente a los instrumentos de fomento ordinarios de INDAP.
El escenario se mantiene abierto con presiones transversales. Pese a que el Congreso aprobó un proyecto de acuerdo solicitando la continuidad del convenio, el Gobierno ratificó que las actuales usuarias mantendrán su acompañamiento hasta concluir el ciclo vigente, momento en que serán derivadas a la oferta institucional permanente de INDAP.
