El retiro de 43 decretos y reglamentos ambientales por parte del gobierno del presidente Kast (argumentado bajo auditorías regulatorias, simplificación de permisos y la priorización del crecimiento económico) ha instalado una profunda incertidumbre sobre el futuro de las normativas de salud, biodiversidad y planes de derechos humanos en el país.
Ante este escenario de desregulación o congelamiento desde el nivel central, los territorios se transforman en la primera línea de resistencia y acción climática. Sin embargo, la pregunta es crítica: en un Chile centralizado y donde comunas vulnerables manejan un presupuesto per cápita drásticamente menor que las del sector oriente de Santiago, ¿cómo pueden actuar los municipios?
A pesar de las asimetrías de recursos, las municipalidades cuentan con un marco de competencias legales y estrategias colaborativas que les permiten levantar blindajes socioambientales a escala local.
1. Activación de Competencias y Blindaje Legal Autónomo
La ley chilena otorga atribuciones explícitas que los municipios pueden usar sin depender de las prioridades de La Moneda.
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Ordenanzas Ambientales Locales: Tienen fuerza de ley dentro de la comuna. Permiten regular de forma estricta la gestión de residuos, prohibir plásticos de un solo uso adicionales a la ley marco, establecer horarios y límites de ruido, y sancionar el daño a arbolado urbano o microbasurales.
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Declaratoria de Humedales Urbanos: Bajo la Ley 21.202, los municipios tienen la facultad de solicitar directamente al Ministerio del Medio Ambiente (MMA) la declaración de un humedal urbano. Si bien la firma final es ministerial, el proceso administrativo y técnico municipal congela temporalmente los permisos de edificación o loteo en el área protegida durante su tramitación, frenando la presión inmobiliaria.
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Planes Reguladores Comunales (PRC): El ordenamiento territorial es la herramienta más potente de un municipio. Un PRC puede definir áreas de riesgo, zonas no edificables por valor ecosistémico, limitar alturas y proteger corredores biológicos urbanos, contrarrestando la laxitud de las directrices centrales.
2. Estrategias ante la Disparidad de Recursos (Municipios de «Bajo Presupuesto»)
Comunas rurales o periféricas no pueden costear grandes plantas de reciclaje o auditorías sofisticadas. La clave para ellas está en la optimización comunitaria y el asociativismo:
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Asociaciones de Municipios: La Ley Orgánica de Municipalidades permite que los municipios se agrupen legalmente para un fin específico. Al unirse, comunas de bajos recursos pueden financiar infraestructura compartida (como un centro de compostaje intercomunal, un relleno sanitario bajo estándares estrictos, o un equipo técnico de fiscalizadores ambientales itinerantes).
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Estrategia de Gestión Hídrica Sostenible: En zonas de escasez hídrica, la reconversión del paisaje no requiere presupuestos millonarios si se cambia el paradigma. Sustituir el césped tradicional en plazas por especies nativas de bajo consumo (xerofitismo) reduce drásticamente el gasto municipal en camiones aljibe y riego.
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Modelos de Reciclaje de Bajo Costo (Gestión de Orgánicos): Casos históricos en Chile (como el de La Pintana) demuestran que el reciclaje y compostaje de residuos orgánicos a nivel barrial reduce significativamente el tonelaje que el municipio debe pagar por disponer en rellenos sanitarios, transformando un costo en un ahorro neto que financia el propio programa.
3. Redes de Colaboración y Financiamiento Alternativo
Cuando los fondos del Gobierno Central o el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) se restringen para el área ambiental, los municipios deben mirar hacia afuera:
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Redes de Apoyo Técnico (ONGs y Academia): Iniciativas como «Municipio Verde» (impulsada por la ONG FIMA) agrupan a más de 40 comunas en el país para transferir manuales de facultades legales, capacitación a funcionarios y apoyo técnico jurídico gratuito para enfrentar litigios ambientales.
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El SCAM (Sistema de Certificación Ambiental Municipal): Un programa voluntario que opera como una hoja de ruta. Permite a los municipios estructurar sus unidades ambientales (aunque sean de una sola persona) bajo estándares internacionales, lo que les facilita postular a fondos internacionales y de cooperación internacional (como el Fondo de Mitigación Climática o programas de la Unión Europea).
El Rol de la Ciudadanía en la Fiscalización
Frente a una institucionalidad ambiental que acusa escasez de jueces y vacantes en las seremías o direcciones de fiscalización regional, el municipio debe actuar como el articulador de la participación ciudadana.
A través del Acuerdo de Escazú (ratificado por Chile), las comunidades conservan el derecho al acceso a la información y la justicia ambiental. Las municipalidades pueden capacitar a sus juntas de vecinos en denuncias efectivas ante la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) o actuar ellos mismos como demandantes ante los Tribunales Ambientales en representación de sus vecinos. La descentralización de la acción climática hoy pasa, obligatoriamente, por la gestión local y el empoderamiento comunitario.
