La Asociación Chilena de Municipalidades lidera la ofensiva para activar el 2% de emergencia fiscal ante la destrucción de infraestructura crítica entre Atacama y el sur del país. Ovalle se encuentra virtualmente aislada.
Frente a los devastadores efectos del sistema frontal que azota a gran parte del territorio nacional, la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) solicitó formalmente al Presidente de la República, José Antonio Kast, la declaración de Estado de Catástrofe y la inmediata activación del 2% constitucional contemplado para emergencias en la Ley de Presupuestos.
La solicitud, encabezada por el presidente de la ACHM y alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, responde a un panorama que los líderes comunales califican como «descomunal». El fenómeno meteorológico ha provocado graves daños estructurales en un extenso tramo que abarca desde la Región de Atacama hasta la zona centro-sur del país, golpeando con especial fuerza a las regiones de Coquimbo y Atacama.
Según detalló Alessandri, el despliegue de estas herramientas legales es urgente debido a que el impacto socioeconómico directo afectará de forma inmediata a los hogares. «Han sido años difíciles para los chilenos, con una economía estancada y, además, enfrentando desastres naturales que golpean directamente el bolsillo de las familias. Creemos que esta decisión puede ayudar a que las personas que lo han perdido todo tengan una solución pronta», argumentó la autoridad sectorial, instando al Ejecutivo a agilizar los procesos administrativos en terreno.
Ovalle en estado crítico: Aislamiento y trabas administrativas
Una de las situaciones más complejas se registra en la comuna de Ovalle. Su alcalde, Héctor Vega, describió un escenario de alta vulnerabilidad debido a la pérdida de conectividad vial y a la presencia de múltiples personas damnificadas e aisladas, particularmente en las zonas costeras.
«Tenemos la comuna casi en una isla porque la ciudad es el único lugar que está conectado, todo el resto está aislado. Lo único que queremos solicitarle al Gobierno es, por favor, que nos decreten zona de catástrofe, porque con eso podemos movilizar mayor cantidad de recursos», detalló Vega.
El jefe comunal de Ovalle expuso, además, las severas dificultades logísticas que enfrentan, advirtiendo que los rescates en puntos críticos se han debido canalizar de forma casi exclusiva mediante un helicóptero de Carabineros y el apoyo de una aeronave privada, ante la ausencia del transporte comprometido por el Ejército. Vega apuntó directamente contra la excesiva tramitación estatal: «Hoy día para poder solicitar los recursos hay una burocracia muy grande. Si bien estamos operando solamente con el 2% que nos entrega el gobierno regional, la burocracia del Estado es terrible. Vamos a llegar con los recursos cuando ya el frente haya pasado».
El mecanismo financiero de emergencia
La herramienta financiera invocada por los alcaldes —el 2% constitucional— equivale para el presente periodo 2026 a un fondo de 1.400 millones de dólares reservados exclusivamente para responder ante catástrofes de gran magnitud de forma centralizada.
De aprobarse la liberación de esta partida presupuestaria, los recursos se destinarán prioritariamente a la reconstrucción y reparación de infraestructura pública dañada. Entre las prioridades se encuentran los edificios consistoriales, bibliotecas, teatros, salas cunas y jardines infantiles, además de recintos clave para la atención primaria de salud, tales como Centros de Salud Familiar (Cesfam), consultorios y Estaciones Médicas de Barrio que sufrieron el impacto de las lluvias.
Desde el municipalismo insistieron en que la magnitud de la emergencia requerirá un extenso periodo de evaluación para cuantificar el daño real. No obstante, recalcaron que la severidad de las inundaciones y cortes de rutas exige soluciones inmediatas que superen las trabas de la administración ordinaria del Estado.
