CALAMA – En un paso decisivo para enfrentar la crisis de violencia que afecta al entorno escolar, las carteras de Educación y Seguridad Pública, junto a Carabineros de Chile, formalizaron, los primeros días del mes de mayo del año en curso, un convenio de colaboración destinado a fortalecer la protección de las comunidades educativas en todo el país.
El anuncio se realizó en la ciudad de Calama, a un mes del trágico incidente en el Instituto Obispo Silva Lezaeta que conmocionó a la opinión pública. En el lugar, las ministras María Paz Arzola (Educación) y Trinidad Steinert (Seguridad Pública), acompañadas por el General Director de Carabineros, Marcelo Araya, detallaron los alcances de esta nueva arquitectura de seguridad institucional.
Una red de protección permanente
El acuerdo establece un marco de asistencia recíproca que permitirá una coordinación técnica y operativa constante. Entre los puntos principales del convenio destacan:
-
Mesas de Trabajo Regionales: Designación de contrapartes técnicas (Jefes de Zona en el caso de Carabineros) para gestionar requerimientos específicos de cada territorio.
-
Prevención Activa: Implementación de talleres, charlas y capacitaciones para estudiantes enfocadas en la convivencia escolar y la gestión de riesgos.
-
Vigilancia y Evaluación: Reuniones periódicas para monitorear la efectividad de las medidas y ajustar las estrategias de resguardo en los planteles.
Respuesta integral frente a la violencia
La ministra Arzola fue enfática al señalar que este convenio es una señal clara de que «las escuelas no están solas» frente al delito. Por su parte, el subsecretario de Educación, Daniel Rodríguez, subrayó que la iniciativa busca dotar a los establecimientos de herramientas que hoy no poseen para manejar situaciones de violencia extrema que exceden las capacidades pedagógicas.
Medidas complementarias en marcha
Este convenio se suma a una batería de acciones gubernamentales que buscan una solución sistémica al problema de seguridad:
-
Proyecto «Escuelas Protegidas»: Una iniciativa de ley que busca agilizar la respuesta estatal ante crisis de seguridad.
-
Nueva Ley de Convivencia: Normativa que entrará en vigencia en julio y que ya cuenta con mesas de trabajo para su reglamentación.
-
Inversión en Infraestructura: En la Región de Antofagasta, se confirmó un fondo excepcional de $200 millones aportado por la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA) para mejorar la seguridad física y el apoyo socioemocional en las aulas.
Con esta firma, el Gobierno ratifica que la seguridad escolar es una prioridad intersectorial, entendiendo que el bienestar de los estudiantes depende de una acción coordinada entre el aula y la fuerza pública.
