El máximo tribunal del país desestimó los recursos de las inmobiliarias responsables del proyecto “Landhaus Los Colonos”, ratificando que el desarrollo en suelo rural funcionaba como una urbanización encubierta sin los permisos legales correspondientes.
En una resolución que marca un precedente para el ordenamiento territorial en el sur de Chile, la Corte Suprema ratificó las sanciones impuestas por la Municipalidad de Puerto Varas contra las empresas Agrícola y Ganadera Aitué Ltda. y Constructora e Inmobiliaria Tres Puentes SpA. El fallo confirma la ilegalidad de un proyecto inmobiliario que, bajo la apariencia de una subdivisión agrícola, ejecutaba obras de urbanización en suelo rural.
La controversia se originó en 2022, cuando la Dirección de Obras Municipales (DOM) detectó que el predio «Landhaus Los Colonos» —originalmente un fundo de 133 hectáreas— presentaba intervenciones propias de un conjunto habitacional: apertura de caminos, tendido eléctrico, extracción de áridos y obras hidráulicas, todo ello careciendo de la debida autorización inmobiliaria.
Un giro judicial definitivo
Aunque inicialmente el Juzgado de Policía Local absolvió a las empresas, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt revirtió dicha decisión tras una denuncia municipal apoyada por el Consejo de Defensa del Estado, el SAG y Conaf. Las firmas privadas recurrieron de queja ante la Corte Suprema, instancia que finalmente cerró el proceso al validar el actuar de los jueces de alzada y del municipio, confirmando tanto la paralización de las faenas como las multas asociadas.
El alcalde de Puerto Varas, Tomás Gárate, recibió la noticia como una victoria para la legalidad y la planificación urbana. «Este fallo confirma que actuamos conforme a la ley. No hubo discrecionalidad, sino el cumplimiento de normas claras contra urbanizaciones encubiertas», señaló la autoridad.
Hacia un nuevo marco normativo
El caso «Landhaus Los Colonos» se ha convertido en el emblema de un problema creciente en las zonas rurales de Chile: la proliferación de parcelaciones que operan al margen de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
Ante este escenario, Gárate recordó que el municipio ya presentó una propuesta legislativa al Ejecutivo para regular los proyectos inmobiliarios rurales. El objetivo es establecer criterios mínimos de sostenibilidad y responsabilidad que protejan el ecosistema y garanticen certezas tanto a los residentes como a los inversores que actúan de buena fe.
Con esta sentencia, la justicia entrega una señal inequívoca: el desarrollo económico en zonas de alto valor natural debe someterse estrictamente a las reglas de edificación y respeto al uso de suelo, cerrando la puerta a la informalidad inmobiliaria en el sector rural.
