Un duro cuestionamiento institucional enfrenta la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) luego de que las municipalidades de Cerro Navia, Quilicura y La Cisterna ingresaran un oficio formal ante la Contraloría General de la República. A través de este requerimiento, los alcaldes Mauro Tamayo, Paulina Bobadilla y Joel Olmos solicitaron un dictamen jurídico urgente que evalúe la legalidad del denominado “Encuentro Nacional de Alcaldes y Alcaldesas”, programado para realizarse entre el 2 y el 5 de junio en la ciudad de La Serena.
La ofensiva legal de los jefes comunales apunta a que la invitación enviada por la ACHM carece de antecedentes mínimos y esenciales para justificar un evento de esta magnitud. Según el documento presentado, la convocatoria no adjunta un programa oficial, no detalla la metodología de trabajo, ni estipula el financiamiento o los costos reales de participación. A pesar de esta falta de claridad, la cita pretende «construir una mirada común» sobre reformas estructurales del sistema local, tales como el Fondo Común Municipal, rentas y contribuciones.
El núcleo de la controversia radica en que este tipo de debates de alto alcance están regulados estrictamente por los estatutos de la asociación bajo la figura de Asambleas Generales Extraordinarias, las cuales exigen requisitos formales de quórum y mecanismos específicos para la adopción de acuerdos. Al omitir estas reglas, los denunciantes advierten un evidente riesgo de confusión institucional y, lo más complejo, un eventual uso indebido de recursos públicos en el financiamiento de pasajes y viáticos para los asistentes, sin un marco legal claro que lo respalde.
Al respecto, el alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo Rozas, fue enfático en señalar la gravedad de la situación: «Es extraño que la Asociación no cumpla con los Estatutos que se ha dado para este tipo de convocatorias. La ACHM tiene estatutos e instancias formales de deliberación que todas y todos nos hemos comprometido a respetar; saltarse esos canales no solo confunde su rol, sino que debilita la institucionalidad de una agrupación importantísima para el bienestar de vecinas y vecinos de todo el país».
Ante este escenario, las tres administraciones locales solicitaron formalmente al órgano contralor que se pronuncie sobre tres puntos clave: si el encuentro se ajusta a la normativa vigente, si es procedente convocar a deliberaciones nacionales fuera de las asambleas estatutarias y si corresponde que los municipios autoricen fondos públicos para asistir a la actividad. Adicionalmente, pidieron que la Contraloría exija a la ACHM la entrega inmediata de todos los antecedentes de la cita, permitiendo así que las diversas municipalidades del país tomen decisiones fundadas y transparentes respecto al resguardo de sus arcas presupuestarias.
