Una compleja trama de corrupción mantiene en vilo a la Municipalidad de Rinconada. En el Tribunal de Garantía de Los Andes se inició la audiencia de formalización contra el alcalde de la comuna, Juan Galdames Carmona (Ind. exUDI), a quien el Ministerio Público imputa los delitos reiterados de fraude al fisco, falsificación y uso de instrumento público, y negociación incompatible.
La ofensiva judicial de la Fiscalía no apoya sus cargos únicamente en la figura del jefe comunal. La imputación penal se extendió a su círculo de hierro operativo: el director jurídico del municipio, Lautaro Silva, y el exsecretario comunal de Planificación (Secplac), Hernán Espina, sindicados como piezas clave en el presunto esquema defraudatorio.
El mecanismo del fraude: Sobreprecios y tratos directos
De acuerdo con la exposición del fiscal jefe de Los Andes, Jorge Alfaro, las irregularidades comenzaron a orquestarse en 2022 y tuvieron origen en denuncias de concejales que posteriormente dieron pie a un lapidario informe de la Contraloría Regional. El foco de la investigación se concentra en la adquisición de tres terrenos por parte de la municipalidad a un empresario agrícola cercano al alcalde, el ya fallecido Fernando Porcile Valenzuela.
El Ministerio Público sostiene que el municipio sorteó los controles institucionales al concretar estas millonarias compras mediante la modalidad de trato directo, sin licitación pública previa y omitiendo los registros exigidos por la Ley de Lobby. Según la indagatoria, los imputados habrían diseñado una serie de maniobras concertadas que incluyeron la generación de documentación presuntamente falsa. El objetivo de estos documentos era abultar de manera artificial el valor comercial de los predios, pactando los precios con el privado antes de que la operación fuera expuesta ante el Concejo Municipal.
“En el núcleo, suponen una compra con valores que perjudican al erario municipal en valores muy superiores a los precios reales que había, para lo cual hicieron una serie de maniobras destinadas a concretar estas compras y asegurar el negocio”, detalló taxativamente el fiscal Alfaro.
El perjuicio total provocado directamente al patrimonio fiscal de la comuna de la Región de Valparaíso asciende, según los informes de la Contraloría, a $1.300 millones de pesos.
La contraofensiva de la defensa: «Una historia mal contada»
En la contraparte, la defensa del jefe comunal ha desestimado la contundencia de las pruebas del órgano persecutor. Tras las primeras exposiciones en el tribunal, el abogado defensor José Villagrán aseguró que los antecedentes presentados no constituyen ninguna novedad y acusó al Ministerio Público de incurrir en errores cronológicos profundos.
A juicio de la defensa, los cargos carecen de sustento técnico suficiente para justificar medidas restrictivas de libertad. «Sustentar una prisión preventiva sobre la base de una historia mal contada nos da fortaleza como defensa», afirmó el abogado en las afueras del tribunal, manifestando su confianza en desestimar las solicitudes de la Fiscalía.
Definición de medidas cautelares
Debido al volumen de la carpeta investigativa y la complejidad técnica de los delitos económicos imputados, el tribunal determinó que la audiencia de formalización se extienda durante varias jornadas. Tras un receso, el debate se reanudará este jueves con la intervención de las defensas y las partes querellantes.
Atendida la gravedad y reiteración de los delitos contra la probidad pública, la Fiscalía solicitó la medida cautelar de prisión preventiva para el alcalde Galdames y sus dos asesores. La resolución definitiva del magistrado, que determinará si el jefe comunal de Rinconada ingresa a un recinto penitenciario mientras se desarrolla la investigación, se dará a conocer este viernes.
