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Alcaldes en alerta por megarreforma de Kast: ACHM acusa “nula voluntad” de Hacienda y exige frenar proyecto de contribuciones. ¿Por qué esta controversia?

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La Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) manifestó su profunda preocupación frente a la megarreforma impulsada por el gobierno del Presidente José Antonio Kast, apuntando directamente contra el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a quien acusaron de mantener una «nula voluntad» de diálogo con los gobiernos locales.

A través de una declaración pública emitida tras su reunión de directorio, el organismo liderado por el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, emplazó de manera categórica al Ejecutivo y al Congreso a detener la tramitación de la iniciativa legal que busca modificar el pago de contribuciones, particularmente en lo que respecta a la exención para adultos mayores. La postura del municipalismo es clara: no se debe avanzar en el debate legislativo mientras no se garantice explícitamente que la medida no provocará una caída en los ingresos de las arcas comunales ni vulnerará la autonomía presupuestaria de los municipios.

A pesar de las diversas posturas políticas que coexisten al interior de la asociación, existe un consenso transversal respecto a que cualquier modificación tributaria de este impacto no puede financiarse a costa de las finanzas locales. Desde la ACHM advirtieron que el municipalismo debe ser un actor clave en las discusiones de proyectos que afecten directamente su capacidad de gestión y el presupuesto destinado a los territorios.

Alertas por urbanismo y recortes en áreas críticas

Los reparos de los alcaldes no se limitaron únicamente al ámbito fiscal. En la misma declaración, la asociación encendió las alarmas ante las modificaciones propuestas a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, acusando que los cambios debilitan la facultad fiscalizadora local y abren el riesgo latente de permitir el retorno de los denominados «guetos verticales».

Asimismo, manifestaron su rechazo a los eventuales recortes presupuestarios en las áreas de salud y educación pública, advirtiendo que una disminución de recursos en estos sectores clave impactará de forma directa en la calidad de vida de las comunidades más vulnerables del país.

Ante este escenario de tensión con el nivel central, la ACHM anunció que el debate se trasladará a la Región de Coquimbo, donde realizarán el Encuentro Nacional de Municipalidades en La Serena. En la cita, programada para los días 2 y 5 de junio, los jefes comunales definirán un bloque unificado y coordinarán nuevas acciones destinadas a la defensa irrestricta de los presupuestos y la autonomía local.

La controversia en torno a la «Megarreforma» (formalmente enmarcada en el proyecto de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico) del Presidente José Antonio Kast se centra en un choque directo entre las políticas de alivio tributario del gobierno central y el impacto real que estas provocan en las finanzas, la gestión y la autonomía de los gobiernos locales.

Los alcaldes del país, de manera transversal y agrupados en la ACHM, ven con profunda preocupación esta reforma debido a tres factores fundamentales:

1. El temor al desfinanciamiento municipal por el fin de las contribuciones

El punto más crítico de la reforma es la propuesta de eliminar el pago de contribuciones (impuesto territorial) a la primera vivienda para los adultos mayores de 65 años. Aunque suena como una medida de alivio social popular, para los municipios representa una amenaza financiera enorme:

  • El motor del Fondo Común Municipal (FCM): Las contribuciones son una de las vías principales con las que se financia el FCM, que es el mecanismo solidario que redistribuye dinero desde las comunas de mayores ingresos hacia las más vulnerables del país.

  • Falta de garantías concretas: Aunque el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha señalado que el Estado compensará estos ingresos de forma directa, los alcaldes acusan que no existen las garantías técnicas ni legales explícitas que aseguren que esos recursos llegarán a tiempo y completos. Para muchos municipios rurales o vulnerables, perder este flujo significaría recortar directamente programas sociales, retiro de basura o luminarias.

2. La pérdida de autonomía urbana y el temor a los «guetos verticales»

La megarreforma no solo toca el bolsillo municipal, sino también sus facultades técnicas. El proyecto incluye modificaciones a la Ley General de Urbanismo y Construcciones con el objetivo de destrabar proyectos de edificación y reactivar el golpeado sector de la construcción.

  • Los municipios acusan que estas medidas debilitan el rol de planificación territorial y fiscalización que legítimamente les corresponde.

  • Existe una alerta transversal de que, al relajar las normativas locales y agilizar los permisos desde el nivel central, se reviva el fantasma de la proliferación de «guetos verticales», impactando negativamente la calidad de vida en barrios residenciales sobrepoblados.

3. Recortes presupuestarios en Salud y Educación

El plan del gobierno central incluye una fuerte agenda de contención del gasto y austeridad pública para financiar la reconstrucción y la baja de otros impuestos corporativos. En la práctica, los municipios ya han comenzado a notar «tijeretazos» y reducciones presupuestarias en las transferencias que el nivel central les hace para operar los consultorios (salud primaria) y las escuelas públicas. Esto deja a las municipalidades en la encrucijada de tener que cubrir esos déficits con fondos propios que ya son escasos.

El factor político: La acusación de «puertas cerradas»

Más allá de lo técnico, la controversia ha escalado por la forma en que se ha gestionado. Tras reuniones tensas en La Moneda, alcaldes tanto de oposición como del propio oficialismo han manifestado que el Ejecutivo ha mostrado una postura inflexible, aplicando «suma urgencia» al proyecto legislativo sin abrir mesas técnicas reales de diálogo con el municipalismo, argumentando que «las decisiones ya están tomadas».

Esta tensión acumulada es lo que ha llevado a que la Asociación de Municipalidades ponga un freno de mano, exigiendo congelar la tramitación en el Congreso hasta que el ministro Quiroz ponga sobre la mesa cifras claras que aseguren que los presupuestos locales no pagarán el costo de la reforma.

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