El Ejecutivo busca flexibilizar el tope de gasto en personal, ampliar los plazos de acreditación médica y postergar por tres años la exigencia de licencia profesional para patrulleros. Alcaldes valoran el «acto de realismo» y solicitan tramitación expedita en el Congreso.
SANTIAGO.— Con el firme propósito de prevenir un escenario masivo de incumplimiento normativo y garantizar la viabilidad operativa del patrullaje comúnmente desplegado en el país, el Ejecutivo ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto de «ley corta» que modifica la reciente Ley N.º 21.802 de Seguridad Municipal. La propuesta busca resolver nudos críticos detectados en la práctica, ajustando las exigencias presupuestarias y los requisitos técnicos de los inspectores vecinales a las capacidades reales de los gobiernos locales.
El núcleo fundamental de la iniciativa aborda la asfixia financiera que amenazaba a decenas de municipios. Bajo la redacción original, las remuneraciones del personal contratado bajo el Código del Trabajo debían computarse dentro del límite legal que prohíbe destinar más del 42% de los ingresos propios a personal. La modificación excluye estos sueldos de dicho tope global, fijando en su lugar un techo específico del 4% del presupuesto propio, el cual podrá incrementarse de forma excepcional hasta en un 20% mediante evaluación de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) y la Dirección de Presupuestos (Dipres).
Prórrogas operativas e idoneidad del personal
Junto con el alivio presupuestario, la ley corta se hace cargo de dos frenos logísticos severos:
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Evaluación de idoneidad: Flexibiliza el proceso de acreditación física y psicológica de los inspectores, autorizando a que los exámenes sean tomados tanto en la red pública como en centros privados de salud, otorgando además un período de gracia de 12 meses para que el personal en servicio obtenga su certificación.
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Exigencia de Licencia Clase F: Se establece una prórroga de 36 meses para la obligación de contar con licencia de conducir profesional por parte de los patrulleros. El diagnóstico del Gobierno constató que la abrumadora mayoría de los inspectores cuenta únicamente con licencia Clase B y que actualmente no existe un mecanismo habilitado para procesar la reconversión masiva de estos documentos.
De acuerdo con el informe financiero que acompaña al proyecto, estas modificaciones no generarán gasto fiscal extra, ya que se circunscriben al reordenamiento de las atribuciones y presupuestos municipales existentes.
Respaldo transversal del municipalismo
El anuncio es resultado de un trabajo técnico entre la Subsecretaría de Prevención del Delito y las principales entidades municipalistas del país (ACHM, AMUCH y AMUR), sustentado en una consulta respondida por 218 municipios y cuatro mesas de trabajo técnico.
Alcaldes de diversas comunas y corrientes políticas valoraron el paso dado por el Ejecutivo. Desde entidades como Lo Prado, Papudo, San Ramón, Puerto Montt, Quilaco y Mulchén, los jefes comunales coincidieron en que el proyecto representa una respuesta pragmática a las inquietudes planteadas desde el inicio de la tramitación legal. Los jefes locales hicieron un llamado unánime al Parlamento para otorgar una tramitación exprés a la iniciativa, garantizando así la continuidad de las labores preventivas en los barrios sin vulnerar la normativa legal ni poner en riesgo la sostenibilidad financiera de las arcas municipales.
