El proyecto de Reconstrucción Nacional concluyó su tramitación en el Congreso luego de resolver la controversia sobre la pérdida de ingresos por el alivio tributario a adultos mayores. La iniciativa quedará ahora a la espera del pronunciamiento del Tribunal Constitucional.
El Senado dio por finalizada la tramitación parlamentaria del emblemático proyecto de Reconstrucción Nacional del Gobierno, al aprobar en sala el informe de la Comisión Mixta que fija el mecanismo de compensación económica para los municipios del país. La votación, que se resolvió con un ajustado margen de 27 votos a favor y 22 en contra, destrabó el último artículo pendiente de la denominada «megarreforma» y permitió su despacho definitivo desde el Congreso.
La norma aprobada tiene como objetivo inyectar liquidez directa a los gobiernos locales para suplir la merma financiera que provocará la exención del impuesto territorial (contribuciones) para personas mayores de 65 años. Este beneficio tributario para la tercera edad era uno de los compromisos centrales de la iniciativa del Ejecutivo, pero había generado fuerte preocupación en el ámbito local por el impacto en el Fondo Común Municipal (FCM), pilar financiero de las comunas con menores recursos.
Intensa negociación política y división municipal
El despacho de la ley se logró tras días de intensas tratativas políticas encabezadas por La Moneda. Entre las gestiones clave destacaron las reuniones de trabajo del biministro Claudio Alvarado y los acuerdos alcanzados por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, con parlamentarios como los senadores Matías Walker y Sergio Gahona, orientados a comprometer recursos para la reconstrucción de las regiones de Atacama y Coquimbo. Asimismo, el voto favorable del senador Pedro Araya (PPD) resultó decisivo, tras evaluar que un rechazo dejaba a los municipios sin una compensación garantizada en el corto plazo.
La discusión sobre el mecanismo de distribución dividió profundamente tanto a la oposición como a las jefaturas comunales. Desde la oposición y sectores municipalistas como el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic —quien tildó la medida de «injusta y regresiva»—, se exigía canalizar los recursos mediante el Fondo Común Municipal a través de un veto aditivo. El Gobierno, por su parte, sostuvo la fórmula de compensación directa, aunque comprometió que un tercio de la sobretasa del 1,5% a la invariabilidad tributaria podrá destinarse al FCM mediante ley o en la discusión del Presupuesto. En paralelo, un grupo de 174 alcaldes respaldó formalmente la propuesta del Ejecutivo.
El pronunciamiento final ante el Tribunal Constitucional
Pese a haber concluido exitosamente su paso por las salas de ambas cámaras, la ley no será promulgada de inmediato. Como última instancia de control institucional, el texto deberá ser revisado por el Tribunal Constitucional (TC).
Los ministros del organismo jurisdiccional deberán resolver las reservas de constitucionalidad promovidas por parlamentarios opositores durante el debate, quienes cuestionaron diversos aspectos del diseño, alcance y modelo de financiamiento de la iniciativa. El fallo final del TC determinará la viabilidad y entrada en vigencia definitiva del proyecto ancla de la administración.
