El Juzgado de Cochrane acogió parcialmente la demanda de la empresa por perjuicios en la construcción del sistema de alcantarillado de Caleta Tortel, dictaminando reparos económicos que superan los 705 millones de pesos tras acreditarse obras extraordinarias no canceladas y retrasos administrativos.
COCHRANE.— El Juzgado de Letras y Garantía de Cochrane acogió parcialmente la demanda subsidiaria por indemnización de perjuicios presentada por la empresa Icafal Ingeniería y Construcción S.A. en contra de la Municipalidad de Tortel y el Gobierno Regional (GORE) de Aysén, determinando que ambas instituciones deberán pagar una suma global que supera los 705 millones de pesos.
En el fallo (causa Rol C-30-2023), la magistrada Luisa Cornejo Jara rechazó la acción de cumplimiento forzado del contrato, pero dio por acreditada la existencia de perjuicios económicos derivados de la ejecución del proyecto «Construcción Red de Alcantarillado y Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas de Caleta Tortel», obra licitada originalmente en 2018.
Fallas de diseño e incumplimientos contractuales
La resolución judicial estableció que la empresa constructora debió ejecutar obras extraordinarias a raíz de errores en el diseño del proyecto sanitario. A pesar de que estas faenas contaban con el visto bueno de la Inspección Técnica de Obras (ITO) y de la Asesoría Técnica, no fueron canceladas en su totalidad.
Asimismo, los peritajes técnicos y antecedentes testimoniales permitieron al tribunal comprobar reiterados retrasos por parte del GORE Aysén en los estados de pago, además de incumplimientos operativos imputables al municipio, como la falta de provisión del suministro de energía eléctrica necesario para la puesta en marcha de la infraestructura.
En consecuencia, el tribunal fijó una indemnización de $670.179.863 a cargo de la Municipalidad de Tortel y de $35.029.629 que deberán ser asumidos por el Gobierno Regional de Aysén.
Reacciones y convenio de pago
Pese a que la pretensión inicial de la demanda interpuesta a fines de 2023 superaba los 3.600 millones de pesos, las autoridades locales y regionales valoraron el término del proceso y la reducción de las cifras exigidas.
Desde la casa edilicia, la alcaldesa de Tortel, Marisela Jiménez Cruces, explicó que la contingencia judicial fue heredada de gestiones anteriores y que, tras negociaciones con los representantes de la constructora respaldadas por el Concejo Municipal, se logró renegociar el monto a pagar por el municipio.
Por su parte, el administrador regional del GORE Aysén, Néstor Mera Muñoz, destacó la estrategia del equipo jurídico institucional para contener las pretensiones económicas de la demanda
