El debate sobre la exención del impuesto territorial para los mayores de 65 años en Chile ha abierto un complejo escenario que cruza la justicia social, las expectativas ciudadanas y la estabilidad financiera de los gobiernos locales. Lo que comenzó como una propuesta de alivio económico hoy enfrenta dos realidades contrapuestas: el impacto emocional y financiero de los adultos mayores frente a un tributo percibido como expropiatorio, y el riesgo estructural que corren las arcas municipales que dependen de estos recursos.
Por un lado, alcaldes como Felipe Alessandri (Lo Barnechea) han alertado sobre un «efecto CAE» en sus comunas, donde los anuncios de una eventual exención han disparado la morosidad —alcanzando deudas proyectadas de casi $8.000 millones— debido a que los vecinos postergan sus pagos a la espera de la ley, desconociendo que estar al día suele ser un requisito básico. Desde esta perspectiva, se defiende una liberación universal del gravamen argumentando que las tasaciones fiscales suben de forma opaca mientras los ingresos de los jubilados caen drásticamente, amenazando su derecho al arraigo y a conservar sus hogares.
Por otro lado, la mirada técnica y de las comunas más vulnerables enciende las alarmas sobre la regresividad de una exención universal, la cual terminaría beneficiando a los patrimonios más altos del país. El problema de fondo radica en que las contribuciones alimentan el Fondo Común Municipal (FCM), la principal herramienta de redistribución solidaria en Chile. Privar al sistema de estos ingresos no solo afecta la gestión interna de los alcaldes, sino que debilita directamente el presupuesto de las comunas de menores recursos que dependen de este fondo para financiar servicios básicos como salud, seguridad y luminarias, abriendo un debate legislativo que hoy busca un punto de equilibrio a través de la focalización.
