En un giro estratégico hacia la eficiencia administrativa, la Contraloría General de la República (CGR) emitió el dictamen N° D263 de 2026, el cual obliga a todos los servicios públicos, municipalidades y ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden a implementar normativas estrictas para la gestión de viviendas fiscales. La medida busca erradicar la ocupación permanente de estos inmuebles, algunos de los cuales han permanecido en manos de las mismas familias por más de 40 años.
Un cambio de paradigma en la gestión pública
El pronunciamiento de la CGR, liderado por la contralora Dorothy Pérez, reconsidera la jurisprudencia previa y aclara un punto fundamental: la legislación chilena no consagra un derecho indefinido al uso de viviendas estatales. El dictamen establece que estos bienes son recursos escasos destinados a un fin público específico, por lo que su administración debe regirse por los principios de equidad funcionaria y responsabilidad patrimonial.
La auditoría que motivó esta decisión detectó irregularidades críticas, incluyendo el uso de refugios cordilleranos como privilegios exclusivos y la permanencia de exfuncionarios en propiedades que deberían haber sido restituidas.
Exigencias y plazos fatales
Las autoridades de cada servicio y los alcaldes del país disponen de un plazo máximo de 60 días hábiles para dictar o actualizar sus reglamentos internos. Estas nuevas normativas deberán contemplar, como mínimo, los siguientes puntos:
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Temporalidad: Establecimiento de plazos máximos de ocupación.
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Criterios de asignación: Requisitos de postulación transparentes y basados en la necesidad del servicio.
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Mantención y consumos: Obligaciones claras sobre el cuidado del inmueble y el pago de servicios básicos.
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Fiscalización: Implementación de visitas inspectivas y mecanismos de monitoreo periódico.
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Término del beneficio: Causales fundadas para la restitución del bien, ajustadas a la Ley N° 19.880.
Protección contra la arbitrariedad
Pese al endurecimiento de las reglas, el dictamen mantiene una salvaguarda legal clave: la prohibición de retirar una vivienda a un funcionario para beneficiar a otro de mayor jerarquía. Con esto, se busca asegurar que la rotación de los inmuebles responda estrictamente a criterios técnicos y de interés general, y no a presiones institucionales.
Con esta resolución, la Contraloría profesionaliza la administración del patrimonio estatal, asegurando que las viviendas cumplan su rol de apoyo operativo y dejen de ser consideradas, erróneamente, como parte del patrimonio privado de sus ocupantes.
