La administración liderada por el alcalde Maximiliano Ríos se convirtió en la primera en formalizar una oposición institucional al proyecto de ley de Reconstrucción Nacional, señalando un impacto crítico en el Fondo Común Municipal.
En un movimiento inédito hacia el Congreso, el Concejo Municipal de Lo Prado acordó —por mayoría de votos— oficiar a los parlamentarios del Distrito 9 para manifestar su rotunda preocupación ante el proyecto de ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico Social. La acción surge tras un análisis técnico de la Comisión de Administración y Finanzas, que identificó una amenaza directa a la estabilidad de los gobiernos locales en el artículo 12 de dicha propuesta.
El eje del conflicto radica en la eliminación del impuesto territorial, medida que afectaría la recaudación del Fondo Común Municipal (FCM). Este mecanismo es el principal motor de redistribución de recursos en Chile, permitiendo que comunas con menores ingresos propios puedan financiar servicios básicos. Según la municipalidad, una caída en estos fondos impactaría áreas críticas como la seguridad pública, la mantención urbana y la ejecución de programas sociales.
Datos frente a la propuesta
El alcalde de Lo Prado, Maximiliano Ríos, cuestionó la eficacia social de la iniciativa, calificándola como una política que carece de foco en los sectores más necesitados. “Aquí hay que poner los datos sobre la mesa: en nuestra comuna, solo el 3% de las personas mayores de 65 años paga contribuciones”, subrayó el jefe comunal, desmitificando el alivio económico que la ley pretende otorgar a la clase media y sectores vulnerables.
Para la autoridad, el desequilibrio es evidente: mientras el beneficio real para los vecinos de Lo Prado sería marginal, el perjuicio financiero para la gestión municipal podría ser sistémico.
Un llamado a la sostenibilidad territorial
Con este oficio, Lo Prado busca liderar una discusión sobre la equidad territorial en el proceso legislativo. La intención de la municipalidad no es oponerse a una rebaja tributaria per se, sino exigir fórmulas que permitan aliviar la carga de los contribuyentes sin comprometer la sostenibilidad de los municipios ni profundizar la brecha de desigualdad entre las comunas del país.
La iniciativa, ingresada al Congreso el pasado 22 de abril, enfrenta ahora su primer cuestionamiento formal desde el territorio, instalando una interrogante sobre cómo se compensará el financiamiento local si se concreta la exención total del impuesto territorial.
