A cinco años de iniciada la investigación sobre una de las tramas de corrupción municipal más emblemáticas de Chile, el Ministerio Público cerró la etapa indagatoria y presentó formalmente la acusación en contra del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba. En un escrito de 1.533 páginas ingresado ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, la Fiscalía Centro Norte solicitó penas que suman 28 años de presidio efectivo para la exautoridad criminal, descartando la posibilidad de beneficios alternativos debido a la extensión de la condena requerida.
De acuerdo con la investigación liderada por el fiscal regional Francisco Jacir y la persecutora Alicia Ascencio, Torrealba encabezó entre 2011 y 2021 un esquema delictivo diseñado para desviar recursos públicos desde corporaciones y programas municipales como «Vita Deportes», el Consejo Local de Deportes y «Vita Salud». El perjuicio total provocado al erario fiscal se estimó en, a lo menos, $766.790.886.
El desglose de las penas solicitadas por el ente persecutor se divide en cuatro grandes bloques delictivos:
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Fraude al Fisco: 12 años de presidio por 29 delitos reiterados, además de una multa equivalente al 30% de lo defraudado.
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Lavado de activos: 6 años de cárcel y una multa de 200 UTM por maniobras destinadas a blanquear e integrar el dinero ilícito al sistema financiero formal.
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Delitos tributarios: 6 años por la presentación de declaraciones de impuestos maliciosamente incompletas de forma reiterada.
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Fraude tributario: 4 años por la obtención indebida de devoluciones de impuestos.
Los mecanismos del fraude y blanqueo de capitales
La Fiscalía detalló que la exautoridad utilizó principalmente dos vías para la captación ilícita de fondos públicos: las subvenciones directas a los programas «Vita» y las concesiones otorgadas por el Consejo Local de Deportes. Una vez dentro de la estructura, se aplicaban diversas modalidades de desvío, entre las que destacaba la entrega mensual de sobres con dinero en efectivo —de entre $3 y $5 millones— por parte de sus colaboradores directos, un «fondo de imprevistos» y la recaudación de eventos masivos como las fiestas de fin de año de la comuna. Para justificar los egresos de dinero y mantener la asignación de subvenciones, la administración incorporaba facturas y boletas ideológicamente falsas por servicios nunca prestados.
Posteriormente, para desvincular la fortuna de su origen ilícito, Torrealba habría recurrido a choferes municipales para realizar depósitos fraccionados en efectivo en sus cuentas personales y las de su cónyuge, además de ocultar dinero en su domicilio particular y adquirir productos financieros complejos.
Con el fin de asegurar el pago de las responsabilidades civiles, el Ministerio Público solicitó el comiso de una propiedad del exalcalde ubicada en la comuna de Cunco (Región de La Araucanía), valuada en más de $185 millones, junto con el embargo de $7 millones en efectivo y US$1.101 que fueron incautados desde su residencia.
Un único acusado de camino al juicio oral
El proceso judicial, que se inició tras las denuncias presentadas por la actual alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, sitúa a Torrealba como el único imputado de la causa que enfrentará un juicio oral formal. Los otros cinco involucrados originales optaron por procedimientos abreviados y mecanismos alternativos tras colaborar con la justicia.
Entre ellos figura la exdirectora de Desarrollo Comunitario (Dideco), Antonia Larraín, cuya autodenuncia resultó clave para desarticular la operación al revelar la entrega periódica de sobres con dinero. Larraín aceptó una condena de cinco años de libertad vigilada intensiva y el pago de una multa de $48 millones, financiada mediante la venta de su propiedad. En condiciones procesales similares se encuentran los excontadores Augusto Silva y Arnaldo Cañas, y el exdirector de la Dideco, Renato Sepúlveda, mientras que el exdirigente Domingo Prieto falleció durante el curso de la indagatoria.
El Cuarto Juzgado de Garantía fijó la audiencia de preparación del juicio oral para el próximo 13 de julio de 2026, instancia que se proyecta con una extensión de cuatro jornadas. Para el juicio definitivo, la Fiscalía Centro Norte ya adelantó que presentará una contundente batería probatoria compuesta por 156 testigos y más de 3.000 piezas de evidencia documental y pericial.
