Una masiva investigación del Ministerio Público logró desarticular una sofisticada organización criminal dedicada al transporte, acopio y comercialización ilegal de recursos marinos entre las regiones de Los Lagos y Los Ríos. El operativo, que culminó con la detención de más de 50 personas, generó un fuerte impacto político en la capital regional tras confirmarse la implicación de un funcionario de confianza de la casa edilicia.
Se trata de Pablo Sánchez, quien se desempeñaba como asesor de comunicaciones e integrante del gabinete de la alcaldesa de Valdivia, Carla Amtmann. Tras ser formalizado por la Fiscalía bajo la acusación de adquirir productos marinos con conocimiento de su origen ilícito, el municipio decretó inicialmente su suspensión preventiva en el marco de un sumario administrativo. Sin embargo, la tarde del jueves, la corporación informó que aceptó la renuncia voluntaria del profesional, asegurando que mantendrán la investigación interna para determinar eventuales responsabilidades del caso.
Un entramado criminal de tres niveles
De acuerdo con los antecedentes expuestos por el ente persecutor, la red criminal operaba de manera coordinada a través de tres subgrupos estructurados para evadir la trazabilidad, los controles tributarios y las fiscalizaciones sanitarias:
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Primera estructura: Abastecida por proveedores de Calbuco, contaba con un brazo de recaudación en la Feria Fluvial de Valdivia y la complicidad de cajeras del peaje de La Unión, quienes alertaban sobre fiscalizaciones en la ruta.
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Segunda estructura: Utilizaba estratégicamente diversos puestos de la misma Feria Fluvial de Valdivia como centros de acopio y venta masiva.
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Tercera estructura: Controlada por un clan familiar de Calbuco, trasladaba a la Región de Los Ríos entre 2.500 y 3.000 kilogramos de productos del mar dos veces por semana.
La Fiscalía detalló que la organización delictual contaba además con la participación de funcionarios de Carabineros y de Sernapesca, quienes actuaban como brazos operativos para facilitar el libre tránsito de los cargamentos ilícitos.
Lavado de activos y peligro sanitario
Los millonarios dividendos de esta actividad ilícita permitieron a la red estructurar un patrimonio estimado en $4.500.000.000. Para blanquear este dinero, los involucrados diseñaron un masivo esquema de lavado de activos que incluía el uso de múltiples cuentas bancarias, inversiones inmobiliarias y la adquisición de propiedades y vehículos de alta gama. Paralelamente, el Servicio de Impuestos Internos calcula el perjuicio fiscal por la evasión del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en $855.000.000.
Más allá de los delitos económicos, la investigación penal encendió las alarmas de salud pública. A tres de los imputados se les atribuye la comercialización de salmón no apto para el consumo humano, el cual era procesado en una planta clandestina ubicada en Puerto Montt. Durante los allanamientos, las policías también incautaron armas de fogueo y municiones en los domicilios de los líderes de la banda.
El megaproceso judicial concluyó con cuatro de los principales imputados bajo la medida cautelar de prisión preventiva, mientras las instituciones continúan las diligencias para esclarecer la totalidad de las ramificaciones de esta red en la zona sur del país.
