Una tensa sesión se vivió este jueves en el concejo municipal de Las Condes, luego de que un bloque transversal de concejales anunciara que acudirá a la justicia electoral para solicitar la inhabilitación de la exalcaldesa Daniela Peñaloza (UDI) para ejercer cargos públicos por un periodo de cinco años. La medida surge tras conocerse el pronunciamiento de la Contraloría General de la República respecto a las irregularidades ocurridas durante su administración en el denominado «Caso Cesfam».
El requerimiento formalizado por los concejales Richard Kouyoumdjian (RN), Nayati Mahmoud (Frente Amplio) y Leonardo Prat (Ind.-Republicano) cuenta con el mínimo de tres firmas que exige la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades para activar la intervención del Tribunal Electoral Regional (TER). La acción busca sancionar lo que consideran una vulneración directa a la probidad administrativa, tras confirmarse un sobreprecio y la omisión de información al concejo en la compra de un Centro de Salud Familiar a fines del año pasado.
Un debate fracturado entre el deber legal y el juicio político
La decisión de acudir a la sede judicial fragmentó el debate de la instancia municipal, generando una férrea defensa por parte de los concejales de la Unión Demócrata Independiente (UDI), quienes calificaron la arremetida como desproporcionada y con tintes políticos.
Desde el bloque denunciante, la concejala Mahmoud defendió la pertinencia de la acción argumentando que el órgano contralor acreditó negligencias graves y no meras confusiones administrativas. Por su parte, Kouyoumdjian insistió en que el concejo no opera como un tribunal y que la vía institucional correcta para evaluar la responsabilidad de la exautoridad es, precisamente, el TER.
En la contraparte, los ediles gremialistas Guillermo Ureta y Manuel Melero desestimaron sumarse a la iniciativa. Ambos plantearon que acudir a la justicia electoral resulta redundante, considerando que los antecedentes ya están en manos del Ministerio Público bajo una investigación penal vigente. Ureta recalcó que la presentación ante el tribunal es una facultad individual y no una obligación corporativa del municipio, llamando a evitar el uso del caso como una plataforma de disputa política.
El respaldo de la administración actual
La actual alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín —quien lideró las primeras denuncias del caso cuando ejercía como concejala—, respaldó la autonomía de los fiscalizadores y enfatizó la necesidad de resguardar el patrimonio comunal. San Martín manifestó su expectativa de que las instituciones llamadas a intervenir actúen con el máximo rigor de la ley, priorizando la transparencia y el beneficio de los vecinos de la comuna.
Con el quórum legal alcanzado por los tres ediles requirentes, el paso a la vía judicial es un hecho irreversible. El concejo municipal notificará formalmente este lunes a la Contraloría sobre el resultado de la sesión y el inicio de las acciones en el ámbito electoral.
