La gestión de residuos domiciliarios en la provincia de Osorno enfrenta un escenario crítico que conjuga el agotamiento de la infraestructura, el encarecimiento de los costos operativos y una profunda parálisis política. Los alcaldes de las diversas comunas de la zona manifestaron su preocupación ante el severo impacto que el traslado y la disposición final de los desechos generan en sus presupuestos locales, obligando en algunos casos a recortar fondos de áreas sensibles como educación y asistencia social.
El epicentro del conflicto es el vertedero de Curaco, un recinto operativo desde 1989 que ya cumplió su vida útil y funciona de manera extraordinaria. Las comunas de la provincia dependen exclusivamente de este espacio, administrado por la Municipalidad de Osorno, bajo un esquema de cobros que las autoridades de las comunas afectadas califican de desproporcionado e impreciso.
Presupuestos locales asfixiados
El incremento en el precio de los combustibles y las recientes modificaciones en las tarifas de ingreso al vertedero alteraron las proyecciones financieras de los municipios más pequeños:
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Purranque: La alcaldesa Alicia Villar denunció un reajuste superior al 100% en el uso del recinto, pasando de un pago anual de 55 millones de pesos a 110 millones de pesos.
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Río Negro: El alcalde Sebastián Cruzat reveló que la comuna desembolsa cerca de 400 millones de pesos anuales en recolección y traslado. El aumento de combustibles obligó a suplementar los contratos de transporte en 30 millones de pesos adicionales, sumado a los cerca de 88 millones de pesos que pagan a Osorno por concepto de disposición final.
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San Pablo: El jefe comunal Marco Carrillo reportó un alza del 52% en sus costos, escalando de 48 a 73 millones de pesos anuales.
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Puyehue y San Juan de la Costa: Las autoridades cifraron sus desembolsos anuales en 80 y 75 millones de pesos respectivamente, advirtiendo que para presupuestos acotados cualquier fluctuación daña la planificación comunal.
Una de las principales demandas transversales de los alcaldes de la provincia es la transparencia en la medición de la basura. Actualmente, el cobro se realiza por volumen (camionada) y no por peso real, lo que consideran inexacto, especialmente debido a que el 50% de la carga corresponde a materia orgánica pesada.
La respuesta de Osorno: Deudas y nueva infraestructura
Ante los cuestionamientos, el alcalde de Osorno, Jaime Bertín, aclaró que las tarifas no sufrieron modificaciones y apuntó a que parte de la problemática se debe a deudas acumuladas por los propios municipios vecinos.
No obstante, Bertín empatizó con la solicitud de mejorar los sistemas de medición y anunció una inversión superior a los 60 millones de pesos para la instalación de una báscula de pesaje en el acceso al vertedero, la cual comprometió para los próximos tres meses. Asimismo, informó que estudios hidrológicos recientes permitieron optimizar el alvéolo existente, asegurando que el recinto aún posee capacidad estructural para seguir recibiendo residuos.
El llamado del Gobierno Regional
La búsqueda de una solución definitiva —orientada a la creación de un Centro de Tratamiento Integral similar al modelo que opera en Puerto Varas— se mantiene entrampada. El historial de la provincia arrastra el fracaso de un proyecto de relleno sanitario en 2015, cuya deuda financiera asociada se extiende hasta el año 2047.
El gobernador regional de Los Lagos, Alejandro Santana, enfatizó que la parálisis actual responde a la falta de acuerdos territoriales entre los propios municipios. Santana aseguró que el Gobierno Regional dispone de los recursos para financiar soluciones tecnológicas modernas basadas en la economía circular, pero condicionó cualquier inversión a la presentación de una propuesta formal y consensuada por las siete comunas de la provincia, instando a los jefes locales a deponer las diferencias políticas para evitar una crisis sanitaria mayor.
