SANTIAGO.— Un complejo escenario político y social enfrenta el Gobierno del Presidente José Antonio Kast tras abrirse un frente de críticas simultáneas provenientes desde distintas sensibilidades municipales. Los alcaldes de Huechuraba, Maximiliano Luksic (Ind.-UDI), y de Quinta Normal, Karina Delfino (PS), alzaron la voz para cuestionar duramente el reciente decreto del Ministerio de Hacienda que oficializa millonarios recortes presupuestarios en recintos hospitalarios de alta complejidad a lo largo del país.
La reducción de recursos —que impacta directamente a recintos emblemáticos como el Hospital del Salvador, el Hospital de Los Ángeles y el Hospital Guillermo Grant Benavente de Concepción— encendió las alarmas en la atención local, unificando los reclamos de jefes comunales tanto de oposición como de sectores afines al oficialismo.
El frente de la salud: Un llamado transversal a la reflexión
El alcalde de Huechuraba y presidente de la comisión de Salud de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Maximiliano Luksic, emplazó directamente al Ejecutivo a revisar la idoneidad de la medida a través de sus plataformas oficiales.
«Invitamos al gobierno a reflexionar sobre los recortes anunciados en Salud y las prioridades de Chile. La atención primaria ya está muy exigida y cada peso menos es menos y peores atenciones médicas para los chilenos», advirtió Luksic, enfatizando que las municipalidades operan como la puerta de entrada al sistema público y no se puede dejar a los pacientes a la deriva.
Esta postura fue respaldada y utilizada como argumento por la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, quien calificó de contraproducente la señal del Ejecutivo. Para la jefa comunal socialista, resulta preocupante que el Mandatario descartara modificaciones presupuestarias en una reunión sostenida con ediles opositores en La Moneda, para que al día siguiente se verificara el ajuste mediante un oficio técnico.
«En materias tan sensibles como salud, educación y seguridad, recortar recursos es recortar beneficios sociales», subrayó Delfino, relevando el hecho de que un alcalde de centroderecha como Luksic coincida en la necesidad de blindar estos fondos.
Cuestionamientos a la agenda legislativa y migratoria
La disconformidad municipal no se limita al área sanitaria. Tras la cita con el Presidente Kast en el palacio de Gobierno, la alcaldesa Delfino describió el encuentro como un «monólogo» corporativo y acusó a la administración central de intentar imponer una «mirada sobreideologizada» sin espacio a una escucha real.
La jefa comunal criticó el avance de la denominada «megarreforma» de reconstrucción nacional, tildando de «error» el que la Cámara de Diputados hubiese aprobado la idea de legislar. Frente a este diseño, anticipó que el bloque de senadores del Partido Socialista rechazará la iniciativa en la Cámara Alta para forzar una instancia de diálogo real y búsqueda de consensos.
Asimismo, la edil de la zona poniente metropolitana abordó otros puntos críticos de la gestión gubernamental:
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Seguridad y Fuerzas Armadas: Confirmó que la solicitud de desplegar militares en las calles —levantada por el alcalde de San Bernardo, Christopher White— fue descartada por el Presidente Kast, quien priorizará el fortalecimiento de las policías, excluyendo la medida incluso para el resguardo de infraestructura crítica.
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Agenda Migratoria: Calificó de «mentira al país» la pasada afirmación del Mandatario respecto a que la meta de expulsión de 300 mil migrantes correspondía a una «metáfora», aludiendo a que se trataba de una promesa inviable. Además, cuestionó la legalidad y eficacia de las propuestas que buscan denunciar a extranjeros irregulares mediante la red de colegios y consultorios.
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Urbanismo por Decreto: Manifestó su inquietud ante una propuesta del Ministerio de Hacienda para modificar la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción vía decreto, saltándose el debate parlamentario. Según advirtió la AChM, la medida podría cuadriplicar la densidad habitacional en ciertas comunas, propiciando la proliferación de «guetos verticales».
La coincidencia de cuestionamientos en materias de alta sensibilidad social como la infraestructura hospitalaria y el desarrollo urbano tensiona las relaciones entre el Palacio de La Moneda y los gobiernos locales, que exigen paralizar los ajustes administrativos en favor de una gobernanza más territorial y concertada.
