En un paso decisivo para robustecer el rol de los gobiernos locales en el combate a la delincuencia, el Ejecutivo oficializó la entrega de un fondo de $1.200 millones destinados a fortalecer la infraestructura de seguridad en 50 comunas del país. El anuncio, liderado por la Subsecretaría de Prevención del Delito, marca el inicio de una estrategia que busca dotar de equipamiento crítico a los territorios con mayor urgencia preventiva.
Un refuerzo operativo y legislativo
La medida no solo contempla la inyección directa de recursos para la adquisición de tecnología y herramientas de vigilancia, sino que se integra a una hoja de ruta legislativa más ambiciosa. La subsecretaria Ana Victoria Quintana confirmó que el Gobierno prepara un nuevo proyecto de ley para actualizar el catálogo de incivilidades en Chile, buscando adaptar la normativa a la realidad actual del espacio público y coordinarla con el futuro registro único de vándalos.
El camino hacia la Nueva Ley de Seguridad Municipal
Este despliegue coincide con la instalación de la mesa de trabajo técnica que redactará el reglamento de la Ley de Seguridad Municipal. Esta normativa, clave para la descentralización de la prevención, tiene hitos claros en el calendario:
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Agosto 2026: Entrada en vigencia plena de la ley.
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Febrero 2027: Plazo máximo para la operatividad total de su reglamento.
El proceso cuenta con la participación activa de asociaciones municipales, el Ministerio Público y las policías, con el fin de asegurar que las reglas del juego sean aplicables a la diversidad geográfica y social de Chile.
Consenso transversal ante la crisis
Desde el mundo municipal, la recepción ha sido de cauteloso optimismo. Gustavo Alessandri, presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), enfatizó que ante la profundidad de la crisis de seguridad, es imperativo que el reglamento final entregue facultades reales y concretas. Por su parte, los representantes de municipios rurales hicieron un llamado a que la implementación no deje atrás a las zonas extremas, garantizando que los recursos y la ley respondan a las particularidades de cada territorio.
