La recta final de la tramitación de la megarreforma económica en el Congreso Nacional ha desencadenado una profunda crisis de representatividad y un intenso debate sobre equidad territorial en el municipalismo chileno. El punto de discordia es el artículo pendiente de votación en la Sala del Senado —programada para este 4 de agosto—, el cual busca fijar el mecanismo de compensación fiscal para los municipios tras la aprobación de la exención del pago de contribuciones a las personas mayores de 65 años en su primera vivienda.
El meollo del conflicto radica en el mecanismo propuesto por el Ejecutivo. La fórmula plantea destinar US$ 200 millones provenientes de impuestos generales (vía Tesorería General de la República) para paliar la merma fiscal. De esa cifra, cerca de $80.000 millones irán a reponer de forma directa los ingresos propios que cada municipio dejará de percibir, mientras que otros $120.000 millones reforzarán el Fondo Común Municipal (FCM).
Dos visiones contrapuestas de equidad y financiamiento
La iniciativa ha polarizado a los ediles en dos bloques irreconciliables:
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Posición del oficialismo y la AChM: Encabezados por la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) y la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, argumentan que la exención es una medida justa para la clase media y la tercera edad. Sostienen que el compromiso del Estado era garantizar que ninguna municipalidad viera reducidos sus presupuestos operativos por una ley nacional, respetando los acuerdos alcanzados en instancias directivas.
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Arremetida de la oposición y jefes comunales: Liderados por los alcaldes Karina Delfino (Quinta Normal), Tomás Vodanovic (Maipú) y Claudio Castro (Renca), cuestionan duramente el uso de impuestos generales —como el IVA, pagado por toda la ciudadanía— para restituir recursos directos a comunas con mayores presupuestos y menor dependencia del FCM. A juicio de este sector, la medida resulta regresiva y profundiza la desigualdad territorial, por lo que exigen que la totalidad de los US$ 200 millones se destine íntegramente al Fondo Común Municipal.
Lobby parlamentario y gestiones ante La Moneda
En el ámbito legislativo, la atención se concentra en los votos de senadores clave como Gustavo Sanhueza (UDI), Rojo Edwards y Matías Walker, cuyas dudas respecto al impacto fiscal y la gestión presupuestaria municipal obligaron a postergar la votación previa.
Paralelamente, una docena de alcaldes de oposición acudió este miércoles al Palacio de La Moneda para entregar una carta dirigida al Presidente José Antonio Kast. En el documento, las autoridades comunales solicitaron formalmente al Mandatario evaluar la presentación de un veto aditivo que abra la discusión a un proyecto de ley complementario, permitiendo perfeccionar el criterio socioeconómico de la distribución.
Desde el Gobierno, el ministro de la Segpres, José García Ruminot, y las autoridades de Hacienda han señalado la complejidad de reabrir un acuerdo en la etapa final de votación de la Comisión Mixta, enfatizando que la prioridad es cerrar la tramitación del proyecto para dar certeza financiera a los gobiernos locales.
