El debate en torno al proyecto de «Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico» del Ejecutivo ha entrado en un terreno pedregoso. Lo que a simple vista se presenta como una medida de indudable aliento social —la exención total del pago de contribuciones para la primera vivienda en adultos mayores de 65 años— ha terminado por encender las alarmas transversales del municipalismo chileno. El reciente y duro emplazamiento de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), que acusó una «nula voluntad de diálogo» por parte del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, devela una grieta profunda en la estrategia de implementación de la llamada megarreforma.
La tensión no responde a un mero gallito político, sino a una preocupación técnico-financiera de primer orden. Las contribuciones de bienes raíces no son un impuesto cualquiera; constituyen la viga maestra del Fondo Común Municipal (FCM), el principal mecanismo solidario de redistribución de ingresos que permite a cientos de comunas vulnerables y rurales financiar desde el retiro de residuos hasta las luminarias y programas sociales básicos. Retirar ese flujo de recursos sin un blindaje legal explícito e indexado de forma permanente en el presupuesto de la Nación es, a ojos de los alcaldes, caminar hacia un descalabro financiero en los territorios.
Desde el palacio gubernamental se ha intentado aplacar los ánimos. El propio Presidente José Antonio Kast ha asegurado públicamente que los fondos locales están garantizados y que el Estado compensará directamente las mermas a través de aportes adicionales. Sin embargo, en el municipalismo la desconfianza persiste. Los alcaldes argumentan que las promesas verbales o los artículos transitorios no configuran una certeza jurídica suficiente frente a la envergadura del recorte planteado. Para las administraciones locales, la autonomía presupuestaria no es transable, menos en un escenario donde también denuncian ajustes restrictivos en las transferencias para salud primaria y educación pública.
A esto se suma un flanco urbanístico no menor: el recelo transversal ante las modificaciones a la Ley General de Urbanismo y Construcciones. La intención fiscal de agilizar permisos sectoriales para reactivar la inversión inmobiliaria choca de frente con la facultad fiscalizadora de las direcciones de obras municipales, abriendo un flanco de vulnerabilidad territorial que los alcaldes temen culmine en la proliferación de barrios sobrepoblados o el regreso de los tristemente célebres «guetos verticales».
La gobernabilidad y el éxito de las grandes reformas económicas no se miden únicamente por su impacto en los indicadores macroeconómicos o por la popularidad de sus anuncios tributarios, sino por la viabilidad con que impactan la primera línea del Estado: los municipios. Si el Ejecutivo aspira a destrabar el proyecto en el Congreso sin sumergir a las comunas en la incertidumbre, el Ministerio de Hacienda deberá abandonar la rigidez denunciada y abrir mesas técnicas vinculantes. El próximo Encuentro Nacional de Municipalidades en La Serena se perfila como la última frontera para que el gobierno central ofrezca certezas escritas en piedra, demostrando que el alivio para los mayores no se financiará precarizando los barrios donde habitan.
