La Comisión de Gobierno del Senado fijó un nuevo plazo para presentar indicaciones hasta el 15 de enero. El proyecto busca cerrar brechas en la rendición de cuentas de instituciones que administran recursos públicos.
La Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización retomó el debate sobre el proyecto de ley que busca fortalecer la fiscalización y la probidad en las corporaciones municipales y organizaciones funcionales. La iniciativa, considerada una pieza clave de la agenda de transparencia, se encuentra en su segundo trámite constitucional.
Ampliación del control estatal
El eje central de la propuesta es otorgar facultades extraordinarias a la Contraloría General de la República. De aprobarse, el organismo no solo supervisará la gestión directa de los municipios, sino que podrá auditar a:
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Corporaciones y fundaciones municipales.
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Organizaciones privadas (con o sin fines de lucro) que reciban subvenciones, licitaciones o traspasos directos del Estado o Gobiernos Regionales.
Consensos y temas pendientes
La ministra de la Segpres, Macarena Lobos, informó que la mesa técnica ha logrado acuerdos en puntos críticos como la creación de un Plan de Integridad Municipal y la regulación de la responsabilidad administrativa de los alcaldes.
No obstante, el debate legislativo aún mantiene materias pendientes que serán abordadas en las próximas sesiones:
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Inhabilidades: Regulación estricta para funcionarios de confianza.
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Auditorías externas: Obligatoriedad de controles independientes.
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Financiamiento: Los senadores advirtieron que la ley requiere recursos propios para evitar que se convierta en «letra muerta».
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Atribuciones: Definición de nuevos estatutos para concejales y la delimitación de funciones entre la actual Unidad de Control y los nuevos oficiales de integridad.
Próximos pasos
Bajo la presidencia de la senadora Paulina Vodanovic, la comisión acordó abrir un último periodo para indicaciones que vence el 15 de enero. Durante la última jornada, se aprobó precisar de forma expresa los delitos que deben incluirse en los manuales de prevención, incorporando indicadores de seguimiento para garantizar un impacto real en la gestión local.
