El Concejo Municipal de Santiago protagonizó una tensa sesión extraordinaria tras conocerse la resolución del sumario administrativo de la Contraloría General de la República (CGR) respecto a la fallida compra de la exclínica Sierra Bella. El informe del órgano fiscalizador acreditó la responsabilidad administrativa de la exalcaldesa y actual diputada, Irací Hassler, y concluyó con la sanción de nueve funcionarios municipales, seis de los cuales fueron destituidos.
Durante la instancia, el alcalde Mario Desbordes expuso los hallazgos principales de la Contraloría, detallando la omisión de controles de legalidad, irregularidades en los pagos y un severo sobreprecio, argumentando que el inmueble —valorado en cerca de 3 mil millones de pesos— se pretendía adquirir por 8 mil millones. Frente a estos antecedentes, un bloque de seis concejales anunció que presentará un requerimiento ante el Tribunal Electoral Regional (TER) por un eventual notable abandono de deberes, acción que, de ser acogida, podría inhabilitar a Hassler para ejercer cargos públicos por cinco años.
Contraofensiva judicial y debate político
La respuesta de Irací Hassler y su defensa fue inmediata. La actual parlamentaria anunció la presentación de una querella por denuncia calumniosa en contra del alcalde Mario Desbordes, acusándolo de intentar reinstalar un caso que la justicia penal ya cerró tras dos años de investigación. A través de sus redes sociales, Hassler enfatizó que la causa concluyó con su sobreseimiento definitivo y acusó al jefe comunal de utilizar el tema para hacer «puntos políticos y comunicacionales», instándolo a concentrarse en la gestión municipal.
En esa misma línea, su abogado defensor, Miguel Schürmann, calificó la acción de Desbordes como una «burlas al accionar de la justicia» que vulnera el principio de cosa juzgada, asegurando que la Contraloría ya estaba al tanto de que estos hechos habían sido descartados en el ámbito penal.
Por su parte, desde el concejo, la concejala Camila Davagnino (PC) respaldó esta postura tildando la sesión de «improcedente». En la contraparte, el alcalde Desbordes desmarcó la convocatoria de un interés político, afirmando que el propio dictamen de la Contraloría ordena expresamente a los concejos tomar conocimiento de los antecedentes para evaluar su envío al TER. Paralelamente, el municipio interpuso una querella por fraude al fisco que ya fue declarada admisible por el Poder Judicial.
