La primera Cuenta Pública del presidente José Antonio Kast ha dejado un mensaje nítido en su retórica y ambicioso en sus metas: Chile se encuentra en un estado de excepción institucional y económico, y la salida no admite medias tintas. Bajo la premisa de que «la emergencia no es el lugar donde Chile se queda», el Ejecutivo ha diseñado una hoja de ruta que descansa sobre tres pilares tradicionales de su sector —seguridad dura, rigurosidad fiscal y focalización social—, pero que introduce herramientas de modernización profunda, como la auditoría estatal mediante inteligencia artificial o el rediseño de la arquitectura ministerial.
El discurso Presidencial fue, ante todo, un diagnóstico de shock. Al cifrar el déficit estructural en un $3,7% del PIB y denunciar miles de millones de dólares en «desorden» financiero heredado, el mandatario no solo buscó fijar una línea de base para evaluar su gestión, sino también justificar políticamente la agresiva reforma al aparato estatal que propone, partiendo por la fusión de Interior y Segegob. Esta apuesta por la eficiencia fiscal es coherente, pero camina sobre el filo de la navaja: recortar la grasa del Estado es urgente, pero cuidar que no se dañe el músculo operativo de los servicios públicos será el verdadero arte de la ejecución en los meses venideros.
Sin embargo, el éxito de la ambiciosa agenda de La Moneda no se jugará únicamente en las oficinas del centro de Santiago ni en las negociaciones de un Congreso que se anticipa complejo; se jugará, de manera definitiva, en los territorios.
La mirada municipal y de los gobiernos locales se vuelve aquí indispensable. Cuando el Gobierno central anuncia la intervención directa en 50 barrios críticos o el despliegue de un «Plan Retorno» migratorio, está tocando directamente la puerta de los alcaldes de todo el país. Son las municipalidades las que, día a día, contienen la frustración vecinal frente a la delincuencia y las que operan con direcciones de seguridad comunal que muchas veces carecen de atribuciones y recursos. Si el plan de intervención barrial se diseña con un enfoque centralista —donde la policía actúa sin el conocimiento histórico y social de los equipos municipales—, el anuncio corre el riesgo de transformarse en una medida efectista de corto plazo. La seguridad pública se recupera desde el Estado, pero se consolida en la calle y con la comunidad local.
Lo mismo ocurre con la agenda social de emergencia. El Bono Infantil de $30.000 y el congelamiento de tarifas básicas aliviarán los bolsillos de las familias del 80% más vulnerable, pero la ventanilla de entrada y la presión administrativa de estas postulaciones recaerán invariablemente en las Direcciones de Desarrollo Comunitario (Dideco) de cada comuna.
El Ejecutivo ha trazado un horizonte claro de reactivación económica, aspirando a un crecimiento del 4% y a la creación de 300.000 empleos. Son cifras audaces para el escenario actual. Para que esa reactivación sea real, el Gobierno debe entender que el desarrollo nacional es la suma de los desarrollos locales. La descentralización económica, la agilización de permisos municipales para la inversión y el fortalecimiento de los presupuestos comunales para la mantención de los espacios públicos recuperados serán el termómetro real del éxito presidencial.
La Moneda ha propuesto el rumbo. Ahora le toca demostrar que el Estado fuerte, austero y eficiente que dibuja en los discursos tiene la capacidad de coordinarse con el Chile real, aquel que se gestiona y se vive, comuna por comuna, en todo el territorio nacional.
