En el marco de sus facultades de fiscalización y control, la Contraloría General de la República (CGR) emitió un apercibimiento formal contra 15 alcaldes de diversas regiones de Chile, tras detectar que las autoridades no han cumplido con la actualización obligatoria de sus Declaraciones de Intereses y Patrimonio (DIP).
La advertencia, cursada originalmente el pasado 27 de mayo mediante oficios individuales, otorga a los jefes comunales un plazo fatal de 10 días hábiles para regularizar su situación. De persistir la omisión, el órgano fiscalizador dará inicio a procesos sancionatorios formales, los cuales podrían escalar desde multas económicas hasta la remoción del cargo.
Un mandato de probidad
La exigencia se sustenta en la Ley N° 20.880, sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses. Según el marco legal vigente, quienes incumplan con este deber de transparencia se exponen a sanciones financieras que oscilan entre las 5 y 50 UTM. No obstante, el escenario más crítico para los ediles es la destitución, medida que puede aplicarse si la autoridad no subsana la falta tras cuatro meses de la sanción inicial.
Las autoridades bajo la lupa
El listado de los jefes edilicios notificados abarca un amplio espectro geográfico y político, incluyendo tanto a figuras independientes como a militantes de diversos partidos. Entre las comunas involucradas se encuentran:
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Norte y Centro: Arica (Orlando Vargas), Sierra Gorda (Adriana Rivera), Rinconada (Juan Galdames), Quintero (Rolando Silva), Santo Domingo (Fernando Rodríguez) y San José de Maipo (Roberto Pérez).
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Zona Centro-Sur y Sur: Empedrado (Carlos Correa), San Rosendo (Rabindranath Acuña), Lota (Jaime Vásquez), Alto Biobío (Félix Vita), Melipeuco (Alejandro Cuminao), Los Sauces (Víctor González), Toltén (Guillermo Martínez), Los Muermos (Emilio González) y Cabo de Hornos (Patricio Fernández).
Desde el organismo señalaron que este procedimiento es parte de la revisión sistemática que busca garantizar que la ciudadanía tenga acceso a información actualizada sobre la situación patrimonial de quienes administran recursos públicos, resguardando así la transparencia en la gestión municipal nacional.
