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Alcaldes bajo fuego: Exigen medidas urgentes ante ola de amenazas de muerte y avance del crimen organizado

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La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados recibió a diversos jefes comunales, quienes denunciaron un escenario crítico marcado por el asedio del narcotráfico y la falta de recursos policiales. Durante la instancia, se reveló que casi una veintena de alcaldes en el país han sido víctimas de amenazas de muerte, evidenciando la vulnerabilidad de la primera línea municipal.

El crudo relato de San Bernardo

Uno de los testimonios más impactantes fue el de Christopher White, alcalde de San Bernardo, quien ha recibido cuatro amenazas de muerte. La autoridad advirtió que el Estado se encuentra rezagado frente a una delincuencia que evoluciona con rapidez. En su comuna, los operativos han dejado al descubierto un poder de fuego de alto calibre —incluyendo fusiles de guerra—, además de hallazgos de cuerpos en fosas comunes, reflejo de la consolidación del crimen organizado y el comercio ilegal.

White denunció además una grave brecha en la dotación de Carabineros, estimando un déficit de 208 efectivos en su territorio, y exigió transparencia en los criterios de distribución de la fuerza pública.

Falta de herramientas y crisis de impunidad

Desde la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), su presidente y alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, enfatizó que los municipios hoy carecen de las facultades legales y técnicas para revertir esta crisis. Palacios instó al Congreso a legislar para endurecer las penas contra quienes ataquen o amenacen a autoridades públicas, buscando así desincentivar la acción delictiva.

Por su parte, el jefe comunal de Algarrobo, Marco Antonio González, cuestionó la eficacia del sistema judicial. Según expuso, de un millón 900 mil denuncias vinculadas al crimen organizado, cerca de 1,3 millones han sido archivadas, lo que alimenta la sensación de impunidad en las comunidades.

Acuerdos y sesiones en terreno

Tras la sesión, la Comisión de Seguridad adoptó una serie de compromisos para abordar la emergencia:

  • Sesión en terreno: Los legisladores se trasladarán a San Bernardo para reunirse con los alcaldes de la provincia del Maipo y las autoridades de seguridad pública.

  • Citación a Carabineros: Se invitará al General Director de la institución para que explique los criterios de distribución del contingente policial a nivel nacional.

  • Oficio al Ministerio Público: Se solicitará información detallada sobre la existencia de focos investigativos específicos para las amenazas de muerte contra los jefes comunales.

Parlamentarios de diversos sectores coincidieron en que la situación está desbordada y apuntaron a factores como el déficit de 5.000 funcionarios policiales en los últimos seis años y la necesidad de revisar los planes de formación y detención para frenar el avance de la delincuencia.

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